Desmienten el riesgo de hantavirus en la antigua cárcel de Palma y acusan a Cort de difundir "información falsa"

Los colectivos que apoyan a los ocupantes de la antigua cárcel, entre ellos el Sindicat d'Habitatge de Palma, han negado que el recinto sea un foco de infección por hantavirus, como ha sostenido el Ayuntamiento, y han acusado al Consistorio de utilizar este argumento para justificar el desalojo del edificio.

En un comunicado conjunto, las entidades coordinadas para responder al intento de desalojo aseguran que las afirmaciones municipales sobre un presunto riesgo sanitario son "falsas y sin ningún tipo de fundamento". Según denuncian, esta información se ha difundido con el objetivo de "manipular y engañar a la opinión pública", además de "desarticular la solidaridad y deshumanizar a las personas que habitan la antigua prisión".

El comunicado sitúa el foco en la estrategia del Ayuntamiento y rechaza que exista una base real para hablar de un brote de hantavirus. Los colectivos advierten de que este tipo de mensajes pueden tener "consecuencias muy graves" en el ámbito social y acusan directamente al Consistorio de fomentar "discursos reaccionarios y de odio" hacia quienes viven en el recinto.

La reacción llega después de que el Ayuntamiento de Palma notificara este miércoles, 6 de mayo, a algunos residentes la desestimación de las alegaciones presentadas contra la petición de recuperación posesoria. A partir del día siguiente a la notificación, se abrió un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el espacio, que finaliza el próximo miércoles, 13 de mayo.

"Sin opciones, no hay voluntad posible"

Los colectivos cuestionan que pueda hablarse de una salida voluntaria del recinto. "Sin opciones, no hay voluntad posible", afirman. A su juicio, lo que se está planteando a las personas que viven en la antigua cárcel es que se marchen "voluntariamente" a la calle, lo que, según denuncian, vulnera su derecho a la vivienda.

Las entidades remarcan que no se podrá desalojar a nadie a partir del lunes 11 de mayo, ya que el plazo voluntario para abandonar el edificio todavía no habrá concluido y, además, consideran que no se ha agotado la vía administrativa.

En este sentido, recuerdan que una cuarentena de residentes presentaron alegaciones, entre ellos solicitantes de asilo, personas en situación de vulnerabilidad extrema y jóvenes que fueron menores tutelados y que, al cumplir los 18 años, quedaron en la calle. Según el comunicado, estas personas aún pueden presentar un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, para lo que disponen de un mes, y posteriormente acudir a la vía contencioso-administrativa.

Sin alternativa habitacional

El comunicado también niega que el Ayuntamiento haya ofrecido alternativas habitacionales reales a las personas afectadas. Las entidades aseguran que los residentes han recibido por escrito la notificación de la desestimación de sus alegaciones, pero no ningún documento que detalle las supuestas opciones de alojamiento mencionadas por el alcalde.

"Una estancia de unos días en un albergue no es una alternativa", sostienen los colectivos, que advierten de que una solución de este tipo únicamente retrasaría "una o dos semanas" la llegada a una situación de calle.

Las entidades piden a los periodistas que pregunten a los portavoces municipales cuáles son exactamente esas alternativas de las que habla el Consistorio. Según remarcan, hasta ahora no se ha concretado ninguna salida estable para las personas que viven en la antigua prisión.

Críticas al gasto en control de accesos

Los colectivos también cuestionan el argumento de la falta de recursos. Según el comunicado, el Ayuntamiento cifra el coste del control de accesos al recinto en 4.100 euros diarios, lo que supondría ya más de 278.800 euros destinados a la antigua cárcel.

Para las entidades, este gasto demuestra que las instituciones sí disponen de recursos, pero deciden destinarlos a "militarizar la zona" en lugar de buscar una alternativa habitacional real. El comunicado denuncia que se está defendiendo "un sistema que mercantiliza nuestras necesidades básicas" mientras se presiona a personas vulnerables para que abandonen el edificio.

Exigen soluciones "realistas y justas"

El Sindicat d’Habitatge y el resto de colectivos firmantes reclaman alternativas "realistas y justas" para las personas que viven en la antigua cárcel. También exigen que la policía deje de presionarlas para que abandonen el recinto y que se les proporcione información legal clara sobre su situación.

"Ante un posible macrodesalojo, nos encontrarán organizadas", advierten en el comunicado.

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