Cort da a los ocupantes de la antigua cárcel cinco días para desalojarla y alerta del riesgo de contagios por hantavirus
Advierte de que solicitará una orden judicial con "el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" en caso de que los más de doscientos residentes no se vayan voluntariamente a partir del lunes
El informe defiende que la convivencia entre roedores y residuos puede provocar "un serio problema epidemiológico" y cifra el coste del control de accesos en 4.100 euros al día
FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital
El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la desestimación de las alegaciones presentadas por 45 de los más de 200 ocupantes de la antigua cárcel y ha acordado la recuperación posesoria del recinto. Cort les da un plazo máximo de cinco días hábiles para abandonarlo y advierte de que, en caso contrario, solicitará una orden judicial y "el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
De hecho, ese es el escenario más probable, por lo que a partir de la próxima semana el Consistorio puede empezar a explorar la vía de los tribunales. En tal caso, no aventura plazos para determinar cuándo esa orden se hará efectiva.
La resolución municipal pone el acento en el grave deterioro sanitario y de seguridad del antiguo centro penitenciario, hasta el punto de alertar del riesgo de transmisión de enfermedades asociadas a la presencia masiva de ratas. El informe jurídico que avala la decisión advierte de que "la convivencia tan estrecha entre las numerosas personas que allí habitan, el estado en que se encuentra toda la instalación con los residuos generados diariamente, y la alta presencia de roedores, suponen un serio problema epidemiológico que podría incluso llegar afectar a otras personas que no habitan en el recinto, y transmitirse entre la población".
Entre los peligros señalados figura de forma expresa el hantavirus, una infección que en los últimos días se sitúa en el foco informativo al declararse varios contagios en un crucero. El documento municipal añade que esa transmisión zoonótica "podría ser por mordida, arañazo o ectoparásitos de las ratas" y enumera entre los agentes más comunes el "Hantavirus", junto a la leptospirosis, la salmonelosis, la tularemia, el tifus murino o incluso la peste. Según el expediente, el estado actual del recinto favorece ese ciclo epidemiológico por la "alta densidad de roedores", la "acumulación crítica de todo tipo de residuos y basuras", la falta de higiene personal, la ausencia de agua corriente y la presencia de orines y desperdicios.
Cort también rechaza el argumento central de los ocupantes sobre la falta de alternativa habitacional. El expediente subraya que "en ninguna de las alegaciones presentadas por los interesados se ha mencionado ni acreditado que hayan solicitado en alguna ocasión una vivienda social o bien prestación económica para destinarla a vivienda". El Ayuntamiento añade que solo cuatro personas del censo tienen expediente abierto con los servicios sociales municipales, mientras 172 nunca han recibido atención por no haberla pedido expresamente.
A ello se suma el coste que supone mantener controlado el recinto. Según el propio informe, el dispositivo de vigilancia de accesos ha costado ya 259.757,68 euros entre el 22 de febrero y el 26 de abril, con una media de más de 4.100 euros al día, a los que se añaden cerca de 78.000 euros en intervenciones de Bomberos desde enero de 2025.
El informe jurídico que sustenta la decisión rechaza uno por uno los argumentos de los ocupantes y subraya que "en ninguna de las alegaciones presentadas por los interesados se ha mencionado ni acreditado que hayan solicitado en alguna ocasión una vivienda social o bien prestación económica para destinarla a vivienda". El documento remarca además que solo cuatro personas del censo tienen expediente abierto con los servicios sociales municipales, mientras que 172 nunca han recibido atención por no haberla pedido.
La vulnerabilidad "no es un impedimento"
El informe también deja claro que la eventual vulnerabilidad de algunos ocupantes no bloquea por sí sola la actuación administrativa. En este sentido, recuerda doctrina judicial y subraya que "el hecho de que en la vivienda que hubiere de ser desalojada forzosamente habitaren personas especialmente vulnerables como las referidas no constituye un impedimento absoluto para que pueda ser autorizada la entrada en el domicilio".
La resolución aprobada por Cort es tajante: "Requerir a todos los interesados para que procedan al desalojo de los módulos que integran la antigua cárcel en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo".
Si no abandonan el recinto en ese plazo, el Ayuntamiento podrá acudir a la ejecución forzosa, pedir auxilio policial e imponer multas coercitivas.
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