PP y Vox allanan en Palma la adjudicación de seis solares dotacionales a empresas entre el rechazo vecinal y de la izquierda

El Ayuntamiento de Palma ha dado este jueves un paso más para licitar seis solares públicos dotacionales en el Coll d'en Rabassa, Son Güells, Son Rapinya y s'Olivera para que empresas privadas construyan vivienda de alquiler asequible, después de que el pleno haya aprobado con los votos de PP y Vox la desestimación de las alegaciones presentadas contra este cambio de calificación urbanística.

La medida afecta a parcelas que estaban reservadas para equipamientos públicos, como centros de salud, colegios, instalaciones deportivas o servicios asistenciales, y que ahora serán adjudicadas a promotores privados durante 75 años. El equipo de gobierno defiende que esta operación permitirá impulsar 807 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, además de mantener siete equipamientos en los ámbitos afectados.

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha defendido que el Ayuntamiento está "activando suelo público que lleva casi 30 años infrautilizado" para incorporarlo a una estrategia de vivienda asequible repartida por distintos barrios de Palma. Según ha sostenido, el proceso cuenta con "plazos y controles administrativos" y responde a "una finalidad pública indiscutible". "Pasamos de suelo inútil a suelo útil" y "pasamos de la retórica a la ejecución", ha afirmado.

Frente a ello, representantes vecinales y los grupos de la oposición han cargado con dureza contra la decisión. La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha denunciado que PP y Vox están "eliminando escuelas, centros de día, polideportivos y centros de salud en los barrios" para "regalar los solares a los promotores". A su juicio, la operación supone "un secuestro de los derechos de los vecinos".

Desde el PSOE, Pepe Martínez ha cuestionado el alcance real de los equipamientos previstos y ha advertido de que el Ayuntamiento no ha dialogado suficientemente con los barrios afectados. También ha puesto en duda el carácter asequible de las futuras promociones al afirmar que las viviendas de tres habitaciones costarán 1.500 a 1.600 euros al mes.

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al gobierno municipal de "no escuchar a los residentes y sí a los intereses privados", mientras que Vox, por boca de Fulgencio Coll, ha responsabilizado a la izquierda del problema de la vivienda y de que "trece mil jóvenes de Balears se hayan tenido que ir por no poder acceder a una vivienda".

Fidalgo ha rechazado las acusaciones de privatización y ha insistido en que "no se está enajenando suelo ni se pierde patrimonio", sino movilizando suelo público mediante una fórmula que, según ha recordado, también contempla el Gobierno central.

Rechazo vecinal

La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha advertido en el pleno de que la conversión de suelo dotacional en patrimonial supone "un cambio sustancial" que altera la naturaleza de las parcelas y tendrá consecuencias permanentes para los barrios. A su juicio, el incremento de vivienda previsto llevará aparejada una mayor demanda de servicios, una necesidad que no podrá atenderse si desaparecen solares reservados a equipamientos públicos.

Alcázar ha reprochado además al Ayuntamiento que las necesidades dotacionales no se miden por lo que hayan hecho o dejado de hacer gobiernos anteriores, sino por las reclamaciones vecinales, y ha sostenido que la crisis de acceso a la vivienda "no puede ser la excusa" para entregar suelo dotacional a la explotación privada lucrativa.

En nombre de la asociación de vecinos de Coll d’en Rabassa, Joan Forteza ha denunciado que el Ayuntamiento no ha respondido a las alegaciones presentadas contra la desafectación del solar de Son Fangos, promovida en julio de 2025 para destinarlo a alquiler asequible. Ha defendido que esta cesión "hipoteca el futuro" del barrio al privarle de un suelo común pensado para equipamientos, y ha recordado que en esa parcela se había planteado la construcción de una escoleta pública municipal de 0 a 3 años.

Forteza ha rechazado que el desuso del solar justifique su cambio de destino, al considerar que esa situación responde a la ineficiencia de la propia gestión municipal, y ha reclamado la suspensión de todo el procedimiento para mantener la reserva dotacional y atender una necesidad que ha definido como urgente.

Finalmente la presidenta de los vecinos de Son Rapinya, Marisa Bonache, ha cuestionado tanto la legalidad como la oportunidad social de la operación al sostener que el debate no es si hace falta vivienda, sino si es correcto eliminar suelo dotacional para conseguirla. A su juicio, el Ayuntamiento no ha acreditado que estos solares hayan dejado de ser necesarios para el interés público, sino que ha hecho justo lo contrario: partir de una decisión urbanística previa para justificar después una desafectación que, según ha defendido, debería haberse sustentado antes en la pérdida de utilidad pública.

Bonache ha advertido además de que el propio planteamiento resulta "incoherente", ya que más vivienda implicará más población, más movilidad y más presión sobre los servicios públicos, es decir, más necesidad de equipamientos y no menos. En este sentido, ha criticado que el modelo planteado reserve el 90% del suelo a uso residencial y solo el 10% a dotaciones, justo el mínimo legal, algo que, a su entender, no responde a un análisis real de necesidades vecinales, sino a un planteamiento de máximos desde el punto de vista económico.

Suscríbete para seguir leyendo