Migrantes alzan la voz en el pleno de Cort por la regularización extraordinaria: "No es un privilegio injustificado"

Varios migrantes han querido hacer oír su voz esta mañana durante la sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Palma. Lo han hecho una semana después de que la coordinadora general de Servicios Sociales del Consistorio, Patricia Pizà, reconociera que se dieron instrucciones políticas para no reforzar el personal en la OAC Social pese al colapso que sufre por el proceso extraordinario de regularización de migrantes. "Detrás de cada papel hay una historia; detrás de cada trámite hay una persona; detrás de cada cita hay una familia", ha reivindicado Mahecor Mbengue, ciudadano de Palma que ha intervenido en representación de la Asociación de Amigos de Brasil de Baleares.

En un más que correcto catalán, Mbengue se ha dirigido a los regidores del equipo de gobierno en un tono solemne y sincero para hablar sobre la realidad de muchos migrantes ante el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central. "No hablamos de un simple trámite. Hablamos de derechos, de servicios públicos y de responsabilidad política ante una realidad que ya forma parte de Palma", ha defendido.

Mbengue ha defendido con contundencia los derechos de las personas migrantes asegurando que "una ciudad democrática no puede tratar como invisibles a aquellas personas que sostienen parte de la vida cotidiana de Ciutat", al tiempo que ha querido recordar que la regularización "no es ningún privilegio ni ninguna concesión injustificada", sino que es una forma de "poner orden a una realidad ya existente".

"Regularizar les da a los migrantes, seguridad jurídica para facilitar contratos, derechos laborales. Es hacer que las instituciones miren de cara a una realidas que no desaparecerá porque unos quieran convertirlo en un problema político", ha explicado durante su intervención.

Sobre las órdenes políticas de no reforzar las OAC de Ciutat ante el aluvión de solicitudes que recibieron por el proceso de regularización, Mbengue ha reprochado al equipo de gobierno que "cuando se sabe que un servicio público tendrá una demanda extraordinaria, un gobierno responsable debe saber que lo debe reforzar". En esta línea, ha criticado que un Ayuntamiento "no puede permitirse colas, retrasos e incertidumbre cuando lo que está en juego es el futuro administrativo y vital de muchas personas".

Mbengue también se ha referido al tema de los desempadronamientos masivos que recientemente ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Palma, señalando que "el padrón no es un premio" y que "los derechos básicos no pueden depender del apellido o el acento de una persona", puesto que, tal y como ha querido recordar, "el padrón es la puerta de acceso a derechos como la sanidad, la educación o la vía administrativa ordinaria". "Una familia no debe justificar su vulnerabilidad. El padrón debe ser un derecho, no uan herramienta de control", ha añadido.

Durante el pleno también ha intervenido Fernando Echevarría, miembro de la comunidad migrante de Palma, en representación de la Federación de Asociaciones de Extranjeros. Echevarría ha puesto sobre la mesa los datos que demuestran el peso de la población foránea en el mantenimiento de una ciudad como Palma, asegurando que en muchos casos "es la que sostiene los sectores esenciales".

"La economía balear no podría sostener su volumen de actividad sin la aportación laboral de la población no nacida en España. La regularización no es solo un acto humanitario; es una medida de sostenibilidad económica. Es hora de que los migrantes vean reconocida a estas alturas su contribución al mantenimiento y prosperidad del sistema", ha sostenido Echevarría.

Maribel Alcázar: "La migración del norte compra viviendas a precio de oro"

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha defendido la regularización administrativa de la población inmigrada al considerar que "no se puede mantener a una parte de la sociedad en la economía sumergida y al margen de derechos básicos". La dirigente vecinal ha subrayado que la migración es una realidad histórica y social, muchas veces forzada por la pobreza, la guerra o la violencia, y ha recordado que la propia sociedad balear también ha vivido procesos migratorios a lo largo del tiempo.

Alcázar ha rechazado además que se hable de personas "ilegales" y ha sostenido que regularizar supone ordenar la situación administrativa, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y aflorar mano de obra que ahora permanece en la economía sumergida. A su juicio, este proceso también ayudaría a evitar abusos y mafias que se aprovechan de la necesidad extrema, además de proteger la salud pública al facilitar el acceso a la atención sanitaria.

La representante vecinal ha advertido asimismo contra la criminalización general de la población migrante y ha pedido no convertir una minoría conflictiva en norma, al tiempo que ha llamado la atención sobre el impacto que tiene otra inmigración, la del norte de Europa con alto poder adquisitivo, en el acceso a la vivienda en Baleares.

"Convendría dirigir también la mirada hacia la migración procedente del norte rico y al impacto que tiene sobre nuestra sociedad de acogida. A esa población no la consideramos inmigrante, pero mientras unos acaban cuidando de nuestros mayores y realizando a bajo coste trabajos que nosotros ya no hacemos, algo de lo que muchos se benefician, los del norte compran viviendas a precio de oro y nos dejan a nosotros sin acceso a la vivienda", ha destacado Alcázar.

El PP tumba la "prioridad nacional" de Vox

Durante el pleno también se ha debatido una proposición presentada por Vox que incluía el concepto de "prioridad nacional", la cual ha terminado por evidenciar una clara división entre los grupos políticos. Mercedes Celeste, portavoz del equipo de gobierno municipal del PP, ha dejado claro que su partido no respaldaría algunos de los puntos centrales de la iniciativa, en particular aquellos relacionados con la "prioridad nacional" y la "remigración".

Desde el PP se ha defendido la necesidad de establecer criterios como un mínimo de años de residencia legal para acceder a determinadas prestaciones o a la vivienda pública, siempre dentro del marco legal vigente. Sin embargo, los populares han, marcado distancias con Vox al rechazar el concepto de "remigración masiva", que han calificado como propio de movimientos identitarios. En este sentido, han subrayado que el PP "no es un partido identitario", sino una formación "humanista, liberal, europea y reformista", y aseguraron que no participarán ni en regularizaciones masivas ni en propuestas de expulsión colectiva de personas extranjeras.

Tras marcar el PP su posición, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha laetado la falta de apoyo de los 'populares'a la iniciativa y ha afirmado que su formación se había quedado "sola ante el peligro". Vox ha defendido su propuesta insistiendo en que apuesta por una inmigración "ordenada y regulada", pero ha justificado la inclusión de medidas como la "prioridad nacional" o la "remigración" en la necesidad de, según ha expuesto Coll, proteger el estado de bienestar y priorizar a los españoles en el acceso a ayudas.

Por su parte, los grupos de la oposición -PSOE, Més per Palma y Podemos- se han mostrado muy críticos con la proposición de Vox, a la que han acusado de racista. Desde Podemos, Lucía Muñoz se ha calificado el contenido de la iniciativa como un intento de "justificar su racismo", mientras que Miquel Contreras, de Més per Palma, ha advertido de que introduce conceptos como que, a su juicio, suponen una "discriminación incompatible con una sociedad democrática". En la misma línea, desde el PSOE Xisco Ducrós ha lamentado que se trata de un discurso que "anula la dignidad humana en función del origen", rechazando de plano tanto el fondo como las formas de la propuesta.

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