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Palma recurre la orden del Gobierno de retirar el monumento de sa Feixina y pide su suspensión cautelar

El Ayuntamiento argumenta que cumplir con la instrucción de Memoria Democrática de desmantelar el monumento erigido por el franquismo provocaría "daños irreversibles" al ser un bien catalogado

Advierte al Ejecutivo central de que persistir en su requerimiento "podría derivar en responsabilidades penales"

El monumento de sa Feixina fue erigido por el franquismo en los años 40.

El monumento de sa Feixina fue erigido por el franquismo en los años 40. / Guillem Bosch

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha recurrido la resolución del Gobierno central que ordena retirar el monumento de Sa Feixina y ha solicitado su suspensión inmediata al considerar que su ejecución provocaría "daños irreversibles" sobre un bien protegido patrimonialmente. Se trata de un recurso de alzada que Cort ha puesto por la vía administrativa.

Cort ha presentado un recurso de alzada contra la resolución dictada el pasado 26 de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que acordó incluir el monumento en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenar su retirada. El Consistorio sostiene que esta decisión contradice resoluciones judiciales firmes y se ha adoptado al margen de lo ya resuelto por los tribunales.

El Ayuntamiento recuerda en su escrito que el monumento fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, eliminando cualquier elemento de exaltación franquista e incorporando una reinterpretación democrática. Posteriormente, una sentencia de 2020, ratificada por el TSJIB en 2021, declaró Sa Feixina bien catalogado del patrimonio histórico de Baleares.

En este contexto, el recurso subraya que el monumento está legalmente protegido y que promover su retirada o traslado supondría una pérdida irreparable para el patrimonio arquitectónico de Palma. "Habiendo declarado nuestros tribunales que el monumento es un bien inmueble en el que concurren valores históricos, arquitectónicos y artísticos, resulta clara la obligación de no promover su destrucción ni su traslado", sostiene el Consistorio.

El Ayuntamiento añade que la resolución estatal "debe ser anulada" porque no puede ignorar los efectos de las sentencias ya aportadas y advierte de que mantener la orden de retirada podría implicar actuar "a sabiendas de su injusticia", con posibles responsabilidades penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.

Cort sostiene además que la decisión del Gobierno vulnera la propia Ley de Memoria Democrática, que excluye la retirada de elementos cuando concurren valores artísticos o patrimoniales protegidos, como entiende que ocurre en este caso. También recalca que distintas entidades, entre ellas ARCA, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e ICOMOS, han defendido el valor histórico, artístico y arquitectónico del monumento y su permanencia como elemento protegido.

"Habiendo declarado nuestros tribunales que el monumento es un bien inmueble en el que concurren valores históricos, arquitectónicos y artísticos, resulta clara la obligación de no promover su destrucción ni su traslado, por el evidente riesgo para su integridad", recoge el recurso municipal.

"Conocimiento previo del PSOE"

El Ayuntamiento subraya además que el pasado pleno municipal en el que se aprobó la inclusión de sa Feixina en el catálogo municipal de protección —en ejecución de la sentencia del TSJIB— contó con la presencia de documentación relativa a la resolución estatal ahora recurrida. "En ese mismo contexto, el grupo socialista exhibió dicha documentación durante la sesión plenaria, lo que podría evidenciar que existía conocimiento previo de la situación jurídica del monumento y de la actuación del Gobierno central", valora el Consistorio.

Además, advierte de que, de mantenerse la orden de retirada, se podría estar actuando a sabiendas de su injusticia, "lo que podría derivar en responsabilidades penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico".

Con este paso el Ayuntamiento acude a la vía administrativa para defender sus intereses. Sin embargo, previsiblemente el pleno de este jueves aprobará con los votos del PP una proposición de Vox para recurrir la orden gubernamental en los tribunales.

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