Palma recurrirá en los tribunales la retirada del monumento de sa Feixina decretada por el Gobierno
EL pleno de la próxima semana aprobará esta proposición de Vox con el respaldo del PP
También plantea declarar "persona non grata" en la ciudad al secretario de Estado de Memoria Democrática

El monumento erigido por el franquismo sigue en el centro de la polémica. / Guillem Bosch

El Ayuntamiento de Palma recurrirá ante los tribunales la resolución del Gobierno central sobre la retirada del monumento de sa Feixina. Una proposición de Vox en este sentido saldrá adelante en el pleno de la próxima semana con el apoyo del PP, que durante la comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves ha anticipado su voto favorable. PSOE, Més per Palma y Podemos han votado en contra.
La propuesta de Vox insta expresamente al equipo de gobierno a "recurrir ante los tribunales la orden del Gobierno de España para derribar el monumento de Sa Feixina", además de manifestar su "profundo malestar" por una medida que, a juicio del partido, ignora lo resuelto por el Tribunal Supremo, el TSJ de Baleares y varios juzgados de lo contencioso.
El texto parte de la resolución dictada el 26 de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que acordó la retirada del monumento y su inclusión en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Frente a ello, la proposición sostiene que el Ayuntamiento ya aprobó, el mismo día, con los votos de PP y Vox, la modificación del Plan General para otorgar al monolito la máxima protección patrimonial.
Protección judicial
La iniciativa recuerda además que la justicia balear declaró en 2020 el monumento como Bien Catalogado y que en 2021 el TSJIB sentenció que el monolito recuperó su "finalidad originaria" de homenaje tras la retirada de la simbología franquista en 2010. También subraya que el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de las entidades que reclamaban su derribo, lo que, según Vox, consolidó la permanencia del monumento.
La proposición incorpora asimismo un tercer punto en el que plantea declarar "persona non grata" en Palma al secretario de Estado de Memoria Democrática, tal como ya se ha hecho con Pedro Sánchez. En su exposición de motivos, Vox llega a sostener que la resolución estatal podría entrar en colisión con sentencias firmes, con la Ley de Memoria Democrática y con la protección patrimonial reconocida al monumento.
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