Cort devolverá 900 euros a una tuna de Valencia a la que multó por cantar en la plaza Major de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha dejado sin efecto una multa de 917,23 euros que impuso a una tuna universitaria de Valencia por cantar en la plaza Major de Palma. Los músicos, que recibieron un aviso de embargo de la Agencia Tributaria por ese importe, recurrieron a la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, que puso de manifiesto errores en la notificación de la sanción. Finalmente, el Consistorio ha admitido fallos y ha iniciado los trámites para devolver a los afectados el dinero embargado.

La queja fue presentada ante la Defensora el pasado 26 de febrero por uno de los integrantes de esta tuna universitaria de un municipio próximo a la capital valenciana que estaba formada por cinco personas. En su escrito relataba un conflicto que se remonta al verano de 2024, cuando él y varios compañeros fueron sancionados mientras interpretaban algunas canciones en la terraza de un local de la plaza Major. La actuación vulneraba la ordenanza cívica (la anterior a la actual, que entró en vigor en mayo de 2025), ya que este tipo de actividades en la vía pública solo están permitidas con carnet de artista de la calle y en zonas expresamente autorizadas.

Aunque los afectados consideraron injusta la multa, esperaron a recibir la notificación oficial para presentar un recurso en tiempo y forma. Esa comunicación, sin embargo, nunca llegó. Y tras intentar localizarla incluso a través del BOE, sin éxito, el asunto quedó aparcado durante meses.

La sorpresa llegó meses después. Uno de los integrantes de la tuna, que en la actuación de la plaza Major tocaba la guitarra, recibió una notificación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears en la que se le informaba no solo de la existencia de la multa impuesta por el Ayuntamiento de Palma, sino también de un recargo por impago. Todo ello, según el reclamante, sin haber tenido conocimiento formal previo del expediente sancionador.

Ante esta situación, presentó un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Palma, esperando una respuesta que nunca se produjo. Y medio año más tarde recibió una nueva notificación en la que se le advertía de un posible embargo de devoluciones tributarias. El documento, según relató, carecía de firma y de un desglose detallado de la sanción, aunque sí fijaba con claridad el importe total reclamado: 917,23 euros, de los que 150 correspondían a recargos por impago.

Resuelto en "un tiempo récord"

Cuando el caso llegó a la mesa de Moilanen, el Ayuntamiento seguía sin haber notificado formalmente la sanción original, sin contestar al recurso presentado y sin aclarar las circunstancias del procedimiento. La Defensora solicitó información al área municipal correspondiente el 3 de marzo de 2026 y recibió respuesta dos semanas después. En ese informe, Cort reconoció que el integrante de la tuna no había recibido ninguna comunicación sobre el expediente, tal y como venía sosteniendo, y confirmó el inicio de los trámites para corregir la situación.

A raíz de esa intervención, el Ayuntamiento ha procedido a retirar la sanción y a tramitar la devolución del importe embargado. Moilanen celebra este desenlace, y destaca la celeridad con la que finalmente se ha resuelto la situación, "en un tiempo que podría calificarse de récord teniendo en cuenta los estándares habituales de la administración pública".

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