El TSJB califica de "tortura acústica" el ruido que generaron los conciertos de la plaza de toros de Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares califica de “tortura acústica” el ruido que tuvieron que sufrir los vecinos que residen en la barriada de la plaza de toros de Palma durante los conciertos musicales que se organizaron en el recinto taurino. Unos conciertos de música que llegaron a alcanzar los 78 decibelios, cuando las ordenanzas municipales de Palma solo permiten que el ruido de noche sea como máximo de 30 decibelios. Es decir, los residentes sufrieron un ruido intenso que doblaba el sonido máximo autorizado.

Esta afirmación de los jueces se produce en el marco de una demanda que tres vecinos de la barriada de Palma presentaron contra el Ayuntamiento, al considerar que era el máximo responsable de que se permitiera este nivel de ruido. La sentencia les da la razón a los residentes y Cort tendrá que indemnizar a cada uno de ellos con la cifra económica de tres mil euros. Sin embargo, la sentencia anuncia que, si esta situación vuelve a repetirse, el Ayuntamiento puede verse obligado a pagar nuevas indemnizaciones a los residentes.

Esta demanda la presentaron los abogados Andrés Morey e Ismael Cárcel, que representan a la asociación de juristas contra el ruido. Los letrados presentaron la primera reclamación contra el Ayuntamiento de Palma, que ni siquiera contestó. El paso siguiente fue presentar la demanda administrativa, que en primera estancia fue rechazada, pero que después el TSJB les da la razón a los vecinos que denunciaron a Cort.

La sentencia se muestra muy contundente con la actuación de la administración local y asegura que el insoportable ruido que sufrieron estos vecinos no fue un hecho putual, sino que se trató de un incumplimiento “sistemático y reiterado en el tiempo”.

El ruido fue tan intenso que los jueces consideran que se convirtió en “una tortura acústica”, que supuso una violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, e incluso se extendió a una violación ilegal del domicilio.

El tribunal quiere que quede muy claro que, en este caso, la definición de “tortura acústica” no es únicamente una expresión retórica, sino que se trata de una realidad jurídica, que se produce en el momento en el que el ruido ambiental deja de ser una molestia tolerable, para convertirse en una lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lógicamente, los magistrados tienen muy en cuenta que la vida en comunidad supone aceptar ciertos sacrificios y de hecho el silencio absoluto en una ciudad como Palma es un objetivo imposible de conseguir. Ello no quita que los ciudadanos tengan que soportar este ruido tan intenso, ya que existe mucha diferencia entre un sonido normal dentro de una ciudad y un ruido ambiental insoportable, que en muchas ocasiones afecta incluso a la salud de las personas.

El tribunal reconoce que tras las denuncias de los vecinos el Ayuntamiento de Palma respondió de inmediato y prohibió la celebración de los conciertos. Esta medida se adoptó cuando ya se habían celebrado tres conciertos, en los que el nivel de ruido dobló el máximo permitido.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Palma se recordó ayer que desde noviembre no se celebran conciertos en la plaza de toros y no está previsto que se levante, al menos de momento, esta orden de prohibición. Cort ha exigido a la empresa que presente un plaza que garantice el cumplimiento íntegro de las ordenanzas municipales y por tanto el nivel de ruido no puede ser superior al permitido en horario nocturno. Los servicios jurídicos del consistorio están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. Si no lo hacen, Cort tendrá que indemnizar a cada vecino que presentó la demanda con tres mil euros por los perjuicios que sufrieron debido a la celebración de estos conciertos municipales.

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