Més per Palma denuncia que el Gobierno no devuelva la casa de Emili Darder
Califica de "incoherencia" que Madrid ordene la retirada del monumento de sa Feixina mientras mantiene la vivienda del alcalde republicano

Neus Truyol y Vicenç Vidal. / Més per Palma
Més per Palma ha denunciado la "incoherencia" del Gobierno central al reconocer el carácter de exaltación franquista del monumento de Sa Feixina, incluido en el catálogo de elementos a retirar, mientras mantiene en manos del Ministerio de Defensa la vivienda del alcalde republicano Emili Darder, fusilado en 1937.
La formación ecosoberanista ha reclamado este lunes en una nota la devolución "inmediata" del inmueble relacionado con Darder, y que fue confiscado durante el franquismo, ya que "no puede haber una política de memoria democrática sin reparación efectiva", según la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.
La concejala ha insistido que la no restitución de la casa perpetúa una "herida abierta" vinculada a la represión franquista en la ciudad.
En la misma línea, el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha afirmado que los motivos que llevaron a erigir monumentos para glorificar la dictadura son los mismos que explican el expolio de bienes a sus víctimas. Por ello, ha pedido "coherencia" en las políticas públicas, así como actuaciones concretas por parte del ejecutivo estatal.
Més per Palma ha propuesto que la vivienda de Darder, situada en la calle Antoni Planas i Franch de Palma y actualmente sin uso ciudadano, sea devuelta a la ciudad y convertida en un espacio de memoria democrática.
La formación ha recordado que, pese a la instalación de una placa conmemorativa en 2013, el proceso de cesión no ha avanzado en más de una década.
El silencio es la norma
Vidal, desde el Congreso, ha registrado diversas iniciativas para instar al Gobierno a actuar, aunque, según ha denunciado, "el silencio es la norma".
Por ello, el partido ha advertido de que mantendrá la presión institucional hasta lograr la restitución del inmueble y ha exigido al ejecutivo estatal que pase "de las declaraciones a los hechos" en materia de justicia democrática.
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