Podemos lleva a Bruselas la catalogación de sa Feixina y cuestiona su encaje con los valores de la UE

La eurodiputada de Podemos, Isabel Serra, ha llevado ante la Comisión Europea la protección del monumento de sa Feixina en una pregunta escrita en la que ha cuestionado si el amparo institucional de símbolos franquistas resulta compatible con los valores fundamentales de la Unión Europea.

Este movimiento llega después de que el pasado jueves el Gobierno ordenara retirar el monumento erigido por el franquismo en los años 40 en homenaje a los combatientes del crucero "Baleares", mientras que ese mismo día el Ayuntamiento de Palma lo catalogó con los votos del PP y Vox, blindando así su conservación y anunciando además acciones judiciales para impedir su desmontaje.

En su pregunta parlamentaria, Serra recuerda que el Ejecutivo central ha incluido sa Feixina en el censo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática. La eurodiputada subraya que el monumento fue levantado durante la dictadura para homenajear a los "caídos por Dios y por España", entre ellos miembros del crucero "Baleares", un buque vinculad a "asesinatos masivos contra población civil durante la Guerra, en particular en 'La Desbandá'".

La dirigente de Podemos sostiene que la decisión del Ayuntamiento de Palma de otorgarle el máximo grado de protección patrimonial "refleja un cuestionamiento de las políticas de memoria democrática" y choca con el compromiso de la Unión Europea con las víctimas del fascismo y con los principios recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Contra la "glorificación" de las dictaduras

Serra también apela a la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, un texto que hace hincapié en la necesidad de combatir "la glorificación de dictaduras". A partir de ahí, pregunta a la Comisión si considera que "la protección institucional de símbolos que exaltan dictaduras" es compatible con los valores de la UE y con esa resolución del Parlamento Europeo.

Además, reclama a Bruselas que aclare si prevé abordar casos de este tipo en sus informes sobre el Estado de Derecho o a través de otros mecanismos de supervisión del respeto a los valores fundamentales de la Unión.