"Expulsan de la ciudad a quien no puede pagarla": exigen abrir una investigación interna en el Ayuntamiento de Palma por el caso de los desempadronamientos

La izquierda incrementa el nivel de presión sobre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma por los polémicos casos de desempadronamiento ejecutados durante las últimas semanas. El PSOE de Palma ha exigido durante el pleno celebrado este jueves la puesta en marcha de una investigación interna para conocer "quién dio la orden, qué criterios se aplicaron y qué responsabilidades políticas existen", una postura que coincide con la de los otros dos partidos de la oposición, Més per Palma y Podemos, quienes han puesto de manifiesto la gravedad del asunto señalando que retirar el padrón a cualquier persona "le deja completamente fuera del acceso a los servicios básicos". El PP, respaldado por sus socios de Vox, se ha escudado ante la polémica argumentando que los desempadronamientos se están llevando a cabo en base a una ley que el ministro socialista Carlos Cuerpo "marca desde Madrid".

Lourdes Roca, regidora de Servicios Sociales, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han sido puestos en el punto de mira por la oposición. Los partidos de la izquierda consideran que "sabían perfectamente lo que estaba pasando" y han asegurado que Cort está aplicando un patrón discriminatorio contra la población en situación de vulnerabilidad "como se ha visto ya con la antigua prisión y Son Bordoy". "El alcalde debería pedir perdón a las entidades del tercer sector por los ataques injustos y Lourdes Roca debería ser reprobada y destituida por quienes participaron en una operación de esta gravedad y en la que s ehan dado varias versiones contradictorias", han criticado desde el PSOE.

Lucía Muñoz, portavoz municipal de Podemos, ha lamentado que con los desempadronamientos "mucha gente está quedando fuera del sistema", señalando que, en el caso de los migrantes que intentan regularizar su situación, "esto puede interrumpir el proceso de cómputo de residencia necesario". Muñoz ha recordado que muchas personas no reciben notificación efectiva de la baja del padrón "debido a su situación de sinhogarismo o exclusión residencial", señalando que muchas de ellas estaban empadronadas en edificios municipales o vinculados a servicios sociales. "Expulsan de la ciudad a quien no puede pagarla. Han declarado la guerra a la pobreza y exigimos responsabilidades, paralizar las bajas y que se den explicaicones públicas. La realidad les está pasando por encima", ha dicho la portavoz al alcalde.

Desde el PSOE de Palma, Daniel Oliveira ha reprochado al equipo de gobierno municipal el uso "del desempadronamiento como herramienta de exclusión", recordando que hace unas semanas "intentaron culpar a entidades que lo único que hacen es sostener a las personas que Cort deja caer". El socialista ha cargado contra el Partido Popular asegurando que "han asumido la lógica de Vox": "Con tal de obtener un par de votos de la extrema derecha son capaces de romper la dinámica de muchas personas de poder vivir con dignidad, empujándoles hacia la marginalidad y la miseria, dejándoles sin derechos".

Més per Palma, por su parte, se ha mostrado igual de contundente que el resto de partidos de la posición, poniendo en duda "la intencionalidad que hay detrás de estas trabas". Miquel Àngel Contreras, del grupo ecosoberanista municipal, ha exigido explicaciones a Martínez y Roca sobre el por qué de los desempadronamientos y se ha mostrado muy crítico con "desbarajuste del equipo de gobierno" y con "una regidora de Servicios Sociales que solo se esconde".

La ley de Madrid

Cort, tras los envites de la izquierda, ha señalado directamente a Madrid como causa de la cascada de desempadronamientos ejecutados en las últimas semanas. La portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha defendido que "este equipo de gobierno está del lado de la ley que marcan ustedes desde Madrid", la cual, según ha expuesto, obliga a dar de baja del padrón a las personas que tras dos años empadronada no comunique que sigue en la ciudad.

Celeste también ha sado en defensa de su compañera Lourdes Roca, de quien ha dicho que "no se ha escondido, ha venido a trabajar cada día", y ha recordado que las personas "que vivan en Palma y no tengan un lugar en el que vivir pueden ir a servicios sociales y se les dará un domicilio ficticio". "No hemos hecho nada con el padrón, seguimos manteniendo las mismas normas", ha defendido la portavoz.

Desde Vox han salido en apoyo de sus socios de gobierno y su líder en Palma, Fulgencio Coll, señalando el "coste social y económico" que supone para las aras públicas mantener a estas personas empadronadas en edificios públicos, algo que les permite accedes a los servicios básicos y esenciales que proporciona la administración. "Muchos de estos se van a otras ciudades y se olvidan porque ya tienen el bono para que les den todo, algo que pagamos nosotros. Hay que seguir la ley", ha criticado Coll.

"Me han quitado el derecho a casarme, a ir al médico"

Escasos minutos antes de que que se celebrara el debate sobre los polémicos desempadronamientos, han intervenido, de la mano de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, dos personas afectadas por este proceso. El primero, Luis Gómez, de 53 años, lleva más de una década viviendo en Mallorca: "No entiendo por qué ahora me quedo en la calle sin derecho ninguno como español que soy. No tengo 300.000 euros para comprar una casa. Me han quitado el derecho a casarme, a votar, a ir al médico".

El segundo testimonio ha sido el de Ariadna, caravanista que ha querido denunciar la situación que lleva viviendo los últimos años: "Llevo dos años intentando empadronarme en Palma. Tengo a mi hija escolarizada en el municipio. He presentado la solicitud por vía telemática y a través del registro oficial, he ido aportando la documentación y he realizado los trámites que se me han requerido, pero sigo excluida. Ni se me ha concedido ni se me ha denegado". La mujer también ha explicado que, debido a su situación de "indefinición administrativa", no puede ejercer sus derechos pese a que "mi situación ha llegado al Defensor del Pueblo, el cual ha instado al Ayuntamiento a que de solución".

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