Condenados diez activistas a una multa por intentar parar un desahucio en Palma

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado esta mañana a una multa a diez activistas por intentar parar un desahucio a finales de 2022 en las inmediaciones del barrio de Son Oliva. Los sospechosos han alcanzado un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular y se han declarado autores de un delito leve de resistencia pasiva y otro delito leve de lesiones por el caso de Cas Barraquer.

Inicialmente, se enfrentaban a penas de un año y medio de cárcel y casi 15.000 euros de multa por atentado a la autoridad y lesiones, pero hoy el ministerio público a rebajado su solicitud al apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Nueve personas encausadas, ocho de ellas del Sindicat d’Habitatge de Palma, se han conformado con sendas multas de 360 euros, mientras que otro implicado, el conocido activista Joan Segura, de Stop Desnonaments, ha aceptado otra multa un poco más elevada, de unos 450 euros, al ser reincidente. En concepto de responsabilidad civil, además, deberán abonar una indemnización de cerca de 500 euros a un policía local de Palma, que sufrió lesiones leves.

Una treintena de jóvenes del Sindicat d’Habitatge de Palma se han concentrado este mediodía bajo una fuerte presencia policial frente a la sede judicial de Vía Alemania para apoyar a sus compañeros. Los asistentes han gritado consignas a favor del acceso a una vivienda digna y han repartido flores. La movilización se ha desarrollado en un ambiente festivo en el que se han podido escuchar aplausos.

Los hechos que iban a ser enjuiciados se remontan al pasado 2 de noviembre de 2022 cuando los activistas encausados se movilizaron para oponerse a un desahucio que finalmente se llevó a cabo en la calle Damià Huguet de Palma, en los alrededores de Son Oliva, en un domicilio que era propiedad de una entidad bancaria. Los acusados trataron de parar el lanzamiento y estuvieron en el lugar toda la mañana, pero no lo consiguieron. La Policía identificó a varios de ellos, que finalmente fueron denunciados. Esta mañana, diez acusados se han conformado con pequeñas multas por resistencia pasiva en el denominado caso de Cas Barraquer.

Pena ‘desmesurada’

A la salida de los juzgados, el portavoz del Sindicat d’Habitatge de Palma, Miquel Duran, ha indicado que en un principio se solicitaba a los sospechosos un año y medio de prisión y cerca de 15.000 euros de multa. “Era una pena desmesurada, una aberración”, ha subrayado.

Duran ha detallado que finalmente se ha llegado a un acuerdo por resistencia pasiva. “Seguimos pensando que la resistencia pasiva no tendría que ser un delito, menos aún cuando se produce en defensa de una familia que se ve abocada a la calle. En este caso, era una madre con hijos menores y un nieto y sobrinos”, ha subrayado el portavoz del Sindicat d’Habitatge de Palma.

Según su versión, concurrían las circunstancias necesarias para retrasar el desahucio. Sin embargo, finalmente el lanzamiento se llevó a cabo.

Miquel Duran ha explicado que la multa económica total a la que tendrá que hacer frente el sindicato ronda los 3.000 euros y que por ello ya han ido recaudando dinero con diferentes actividades. En este sentido, ha confirmado que ofrecerán la caja de resistencia que tienen para pagar este dinero por el caso de Cas Barraquer.

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