Las alegaciones de los ocupantes de la antigua cárcel de Palma contra su desalojo: "Se nos aboca a la calle, al parque o a la autopista"

"No hay una previsión de la vivienda que se va a proporcionar a los desalojados, abocando a todos ellos a la calle, al parque o a los aledaños de la autopista de Palma, lugares en los que ningún informe podrá decir que esté garantizada nuestra dignidad, nuestra salud y nuestra vida". Es una de las razones que los ocupantes de la antigua cárcel de Palma esgrimen en el escrito de alegaciones que han presentado al Ayuntamiento de Palma contra su desalojo de la instalación.

El escrito, redactado con asesores legales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es el último recurso de los 206 residentes censados de esta instalación, al menos de los que han querido acogerse a esta vía, antes de que el Ayuntamiento recurra a un juez para solicitar un desahucio judicial. Consta de diez páginas y destacan dos argumentos contra lo que califican de "un desalojo masivo". Por un lado, la ausencia de una alternativa habitacional. Por otro lado, sostienen que el riesgo de incendio que el Consistorio esgrime para justificar la urgencia del desalojo "lleva existiendo desde 2023 y no han hecho nada para aminorarlo".

Al final del documento cada afectado puede añadir sus circunstancias personales, incluyendo enfermedades, discapacidades o problemas familiares.

En sus alegaciones, los ocupantes de la antigua cárcel afirman que Cort "no ha llevado a cabo ninguna actuación en relación a ofrecer una solución habitacional a las personas especialmente vulnerables residentes en este inmueble" y añade que en el expediente de desalojo no se detalla "cómo se va a solucionar el problema habitacional de las personas que se pretende desalojar". Los residentes elevan además la cifra de afectados a "más de 300 personas".

El escrito también carga contra la gestión municipal del edificio en los últimos años. Los alegantes sostienen que el riesgo de incendio y las condiciones de insalubridad eran conocidas por el Ayuntamiento desde hace tiempo y que, pese a ello, no se adoptaron medidas suficientes para corregir la situación. "El Ayuntamiento como propietario del inmueble ha incumplido su deber de cuidado y saneamiento", afirman, para añadir que el Consistorio, "con su pasividad y desinterés, [ha sido] un actor coadyuvante a la actual situación del inmueble”. La tesis de los residentes es que Cort invoca ahora razones de seguridad para desalojar, pero no actuó antes para reducir esos mismos riesgos.

Otra de las críticas se dirige a la falta de informes sociales individualizados. Según el documento, no consta "ni un solo informe de la Oficina Antidesnonaments" ni una evaluación integral de la vulnerabilidad de las personas que viven en la antigua cárcel. Los firmantes consideran que el expediente se ha apoyado casi exclusivamente en los informes técnicos sobre incendios, dejando fuera la dimensión humana del conflicto. "Estamos ante un problema que afecta al derecho a una vida digna, a la vivienda de los ocupantes", sostienen.

"Vulnera el principios de proporcionalidad"

Las alegaciones insisten en que el desalojo, aun pudiendo ser legal, no debería ejecutarse si resulta socialmente desproporcionado. E invocan doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y jurisprudencia reciente sobre desalojos promovidos por administraciones públicas. En ese sentido, mantienen que la actuación municipal vulnera el principio de proporcionalidad porque no ha evaluado el impacto social del lanzamiento ni ha previsto alojamiento alternativo, ni inmediato ni a medio plazo. "La alternativa es dejarlas en la calle", resume el escrito.

El texto subraya además que el Ayuntamiento conocía desde agosto de 2025 los informes que alertaban de la situación del inmueble y, sin embargo, no activó entonces ni un plan social ni una estrategia de reubicación. A juicio de los residentes, esa circunstancia debilita el argumento de la urgencia administrativa esgrimido ahora por Cort para acortar plazos y acelerar el procedimiento. "Nada justifica la urgencia, o la minoración de los plazos legales”, señalan.

En su conclusión, los ocupantes piden que se estimen sus alegaciones y se paralice el desalojo. Con una pregunta que atraviesa todo el documento: "¿Qué va a suceder con los más de trescientos residentes afectados?".

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