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Médicos del Mundo se suma a la protesta de este viernes contra el desalojo de la antigua prisión de Palma

Advierte de que expulsar a sus más de doscientos ocupantes sin alternativa habitacional "agravará significativamente la situación de sinhogarismo en la ciudad"

Operación policial en la antigua cárcel de Palma.

Operación policial en la antigua cárcel de Palma. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Médicos del Mundo Illes Balears se ha sumado a la concentración convocada para este viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas, frente a la antigua prisión de Palma para mostrar su rechazo al desalojo previsto en este espacio y reclamar soluciones que garanticen los derechos de las personas que actualmente residen allí.

La entidad advierte de que, si no se habilitan antes alternativas habitacionales adecuadas, el desalojo puede agravar de forma significativa la situación de sinhogarismo en la ciudad. En este sentido, recuerda que en la antigua prisión viven actualmente centenares de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Según el último recuento realizado en 2025, alrededor de 250 personas residen en este inmueble, muchas de ellas con problemas de salud física y mental y con trayectorias marcadas por la exclusión social. “La medida, tal y como se ha planteado hasta el momento, agravará significativamente la situación de sinhogarismo en la ciudad si no se garantizan previamente alternativas habitacionales adecuadas”, sostiene la organización.

Médicos del Mundo Illes Balears trabaja desde hace tiempo con parte de las personas que viven en este espacio, a las que presta atención sanitaria y social, además de acompañar procesos personales especialmente delicados. Por ello, la entidad alerta de que una intervención precipitada podría tener graves consecuencias. "Una actuación precipitada podría interrumpir estos procesos, provocar un deterioro de la salud de las personas afectadas y aumentar su exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización", subraya.

La organización también pone el foco en la falta de recursos disponibles para afrontar una reubicación de esta magnitud. Según denuncia, hasta ahora no se ha producido un incremento proporcional de plazas de primera acogida ni se han habilitado recursos habitacionales alternativos suficientes para absorber la demanda que generará el desalojo.

En un contexto de emergencia habitacional como el que atraviesan las Islas Baleares, la entidad considera que el traslado de un número tan elevado de personas exige una respuesta planificada y coordinada. “La reubicación de un número tan elevado de personas supone un desafío que requiere coordinación institucional, planificación y recursos adecuados”, remarca.

Médicos del Mundo también considera preocupante la falta de espacios de trabajo conjunto para abordar esta situación. En este sentido, recuerda que el Consejo Municipal de Servicios Sociales, órgano destinado a coordinar y debatir las políticas sociales de la ciudad, lleva más de un año sin reunirse, lo que, a su juicio, ha dificultado anticipar respuestas y construir estrategias compartidas ante un escenario conocido desde hace tiempo.

La entidad insiste en que el sinhogarismo no solo implica la vulneración del derecho a una vivienda digna, sino que tiene además “consecuencias directas sobre la salud y la inclusión social de las personas afectadas”. Por ello, defiende la necesidad de adoptar medidas que prioricen la prevención y la protección de los derechos fundamentales.

Una respuesta "urgente y coordinada"

Ante esta situación, Médicos del Mundo Illes Balears insta al Ayuntamiento de Palma a liderar “una respuesta urgente y coordinada” que permita habilitar alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de ejecutar cualquier desalojo. Asimismo, reclama información clara sobre el calendario previsto, los perfiles de las personas afectadas y los recursos que se prevé activar para garantizar una atención adecuada.

Por último, la organización reitera su disposición a colaborar y aportar el conocimiento acumulado a través de su trabajo con las personas que viven en la antigua prisión, aunque recuerda que “corresponde a las administraciones públicas asumir su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y poner en marcha soluciones reales, dignas y sostenibles”.

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