La PAH y Podemos animan a los afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Palma a resistir: "No os pueden echar mañana"

Llamada a las barricadas en la antigua cárcel de Palma. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto a varios abogados han mantenido esta mañana una reunión con los afectados por el desalojo de la prisión en la que se les ofreció asesoramiento jurídico y organizativo, donde se hizo hincapié en resistir ante lo que consideran una "guarrada" por parte del Ayuntamiento de Palma.

A la reunión también ha asistido Lucía Muñoz, regidora de Unidas Podemos en Palma, quien ha animado a los residentes a resistir ante el desalojo. "No os pueden echar mañana", ha trasladado a los afectados, a quienes ha instado a dar la "batalla" para defender su permanencia.

El Ayuntamiento de Palma ya ha iniciado el proceso de desalojo de la cárcel, acelerado tras los incendios registrados en los últimos días. El Consistorio justifica la medida por las condiciones insalubres del edificio y el "serio riesgo para su seguridad y para la seguridad pública en la zona".

La PAH ha recogido esta mañana los datos de varios de los afectados para ayudarlos en la redacción de sus alegaciones. La portavoz de la PAH, Ángela Pons, ha explicado que argumentarán que no pueden ser expulsados de las instalaciones sin tener antes una alternativa habitacional. "Tenemos sentencias del Tribunal Supremo que nos avalan", ha asegurado Pons.

Miembros de la PAH y abogados asesoran a los afectados por el desalojo de la antigua prisión de Palma

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Pons ha criticado además la gestión del conflicto por parte de Cort: “Primero se hizo el desahucio y luego se pensó en qué hacer” y ha vinculado el caso con otros recientes, como el de Son Bordoy, donde unas 170 personas, incluidos 44 menores, deberán desalojar unos terrenos donde llevan viviendo casi treinta años, ante la construcción prevista de 750 viviendas.

Durante el encuentro, Pons ha denunciado que "toda la parte de abajo no ha sido notificada del desalojo", por lo que, ha advertido que quien no haya recibido notificación "no puede defenderse". La portavoz de la PAH ha insistido en que existen personas no notificadas y que las cifras oficiales "no son correctas", ya que han detectado entre 40 y 59 personas no censadas.

Asimismo, Pons ha lanzado un mensaje específico a las personas en situación administrativa irregular: "Quiero hablar con los que no tienen papeles para explicarles cómo proceder y no tener consecuencias graves. En este mes, dependiendo de lo que hagáis aquí, se os puede complicar la regularización".

Ángela Pons también se ha referido con sarcasmo a la propuesta del Ayuntamiento de Palma de apelar a la colaboración ciudadana ante el desalojo. El Consistorio ha instado a entidades del tercer sector y a particulares a poner a disposición los recursos de los que dispongan para atender a las personas que actualmente ocupan la antigua prisión, en el marco del procedimiento de recuperación posesoria del inmueble. La portavoz de la PAH ha ironizado con que tenga que ser la ciudadanía quien cumpla el papel del Ayuntamiento.

Por su parte, la Policía Local de Palma continúa entregando a los residentes de la antigua cárcel las notificaciones para que la desalojen de manera voluntaria. Estos 206 ocupantes, según el censo realizado por los agentes la semana pasada, tienen cinco días para presentar alegaciones desde el momento en el que reciban el expediente.

Superado ese plazo, los afectados tendrán cuatro días para abandonar el recinto por propia voluntad. En caso contrario, el Ayuntamiento pedirá una orden desahucio por la vía judicial.

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