Cort pide a entidades y ciudadanos con alojamientos disponibles que acojan a los ocupantes de la antigua prisión

El Ayuntamiento de Palma ha instado a las entidades del tercer sector a poner a disposición los recursos de los que dispongan para atender a las personas que actualmente ocupan la antigua prisión, ante el procedimiento de recuperación posesoria del inmueble iniciado por el Consistorio. Con este objetivo, Cort ha habilitado por un lado el correo electrónico allotjamentbenestar@palma.es, para que todas aquellas entidades sociales y ciudadanos particulares que cuenten con recursos disponibles puedan comunicarlos mediante esta vía, facilitando así la colaboración.

En esta misma línea de trabajo, el Ayuntamiento ha remitido una carta a todas las entidades y asociaciones del tercer sector representadas en la red EAPN, con el objetivo de que pongan a disposición de las personas que residen en la antigua prisión "soluciones urgentes y provisionales, ante una situación que requiere una respuesta inmediata y coordinada", ha insistido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

En dicha misiva, el Consistorio recuerda que, por imperativo técnico y de seguridad, se deberá proceder al desalojo de la antigua prisión, atendiendo a los informes que acreditan riesgo cierto de incendio y que hacen inviable la ocupación sin poner en peligro la integridad de las personas que residen en su interior.

En este sentido, se ha hecho un llamamiento a la colaboración de las entidades para que ofrezcan plazas de acogida temporal, en caso de disponer de ellas; activen recursos residenciales de emergencia; valoren derivaciones prioritarias en programas gestionados por dichas entidades; y propongan cualquier solución habitacional provisional que pueda ponerse en marcha de forma inmediata, así como que lo comuniquen con la mayor brevedad posible.

"Cabe recordar que, de forma paralela, el área municipal de Serveis Socials mantiene un contacto permanente con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en el marco de una estrecha colaboración interinstitucional que permita explorar todas las soluciones posibles a nivel legal y competente", ha subrayado Cort en un comunicado.

La pasada semana se solicitó la colaboración de diferentes entidades sociales, como Cruz Roja o el Obispado, "no habiendo obtenido ninguna solución habitacional por parte de las mismas", lamenta Cort.

"Estamos en contacto con algunas organizaciones del tercer sector, pero hasta la fecha ninguna entidad ha puesto ni una sola solución habitacional a disposición. Seguimos buscando alguna entidad o particular que pueda colaborar", ha recordado Bonet.

Además, el Consistorio ha recordado que ha instado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a habilitar las medidas que estén a su alcance, teniendo en cuenta que, según los anteriores censos municipales, aproximadamente el 65% de las personas que residen actualmente en el interior del inmueble se encontraban en situación administrativa irregular, datos que están siendo cotejados con la Policía Nacional.

Actuaciones realizadas por parte del Consistorio

Cabe recordar que el pasado viernes se celebró una Junta de Govern extraordinaria en la que se inició formalmente el proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión. Ese mismo día comenzó la notificación individualizada a las 206 personas censadas en el interior del inmueble, otorgando un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Hasta la fecha, se ha notificado a 170 personas del censo total.

Una vez finalizado el plazo de notificaciones y alegaciones, y resueltas las que, en su caso, se presenten, se dictará el acuerdo definitivo que obligará a cesar la ocupación en un plazo máximo de cuatro días. En caso de no producirse el abandono voluntario, se solicitará la correspondiente autorización judicial.

Al margen del proceso administrativo de notificaciones, Cort ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura numerosas actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y la integridad tanto de las personas que residen en el interior del inmueble como del entorno.

En este sentido, Bomberos de Palma realizó en 2024 un total de 16 actuaciones en el recinto, cifra que se elevó a 49 intervenciones durante 2025. Y en lo que va de 2026, ya se han llevado a cabo más de una decena de intervenciones.

Por su parte, la Policía Local ha realizado más de 260 actuaciones en el interior del recinto desde el inicio de la legislatura, de las cuales casi 150 exceden las competencias habituales del cuerpo.

Este crecimiento progresivo de las actuaciones es reflejo del aumento sostenido de los incidentes y la conflictividad registrada en la antigua prisión, especialmente en los últimos meses.

Uno de los más graves fue el incendio ocurrido el pasado 21 de febrero, cuando fue necesario rescatar a cuatro personas en una actuación en la que un agente de Policía resultó herido durante la evacuación. Al día siguiente, se detectó un nuevo incendio en las inmediaciones del recinto, sin que se produjeran heridos.

Siguiendo con las actuaciones municipales, el 25 de febrero se procedió a la instalación del control de acceso a la antigua prisión —que se mantendrá hasta proceder al desalojo completo del recinto— con el objetivo de identificar a todas las personas que residen en su interior y evitar que el número de ocupantes varíe o aumente mientras dure el proceso de recuperación posesoria.

Al día siguiente, se detectó un intento de acceso de varias personas que habían llegado en patera y que portaban la ubicación de la antigua prisión guardada en un dispositivo GPS.

Ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de dos personas residentes en la antigua prisión, en colaboración con la Policía Local, y se practicó la detención de otra persona de nacionalidad argelina incluida en el censo.

Con el objetivo de mantener la seguridad en el interior del recinto, también el 26 de febrero Bomberos de Palma procedió al apuntalamiento de tres zonas concretas del inmueble y a la instalación de un área de protección, ante el riesgo de caída de cascotes de un falso techo, siendo los diferentes informes municipales claros en cuanto al desalojo de la antigua prisión.

Tapiado de pasos intermedios

Igualmente, se tapiaron pasos intermedios entre la cárcel y la zona de viviendas para evitar entradas y salidas sin pasar por el control de acceso, y se detectó y selló una apertura practicada por los ocupantes en una puerta lateral con el fin de eludir dicho control.

Asimismo, el 28 de febrero la Policía Local intervino en una pelea entre dos ocupantes del recinto, que se saldó con un herido y un detenido.

Ese mismo día, el cuerpo municipal tuvo también conocimiento de un incendio intencionado en el interior del recinto penitenciario. En concreto, se detectó la quema de dos colchones y basura en la primera planta del edificio, poniendo en riesgo a las personas que ocupaban la segunda planta, pero la rápida intervención de la Policía Local logró apagar las llamas y poner a salvo a las personas que se encontraban en su interior. Dada la gravedad de los hechos, se dio traslado a Policía Nacional para que realizara el correspondiente informe.

Además, este pasado lunes se produjo un nuevo intento frustrado de acceso al recinto, detectándose la realización de un butrón para forzar la entrada.

"Como ven, los incendios provocados continúan poniendo en riesgo a los ocupantes de la antigua prisión y, día sí día también, hay peleas, enfrentamientos y detenciones. La situación es de extrema gravedad", ha expresado el primer teniente de alcalde.

Al margen de todas estas actuaciones, este próximo miércoles el Consistorio instalará dos contenedores de recogida lateral de gran capacidad en las inmediaciones de la antigua prisión, dando respuesta a la solicitud de algunos residentes formulada durante la pasada sesión plenaria y ante su negativa a que el Ajuntament se gastara 90.000 euros para limpiar la basura acumulada.

"El objetivo es facilitar que las personas que residen en el recinto puedan colaborar en la limpieza de las zonas comunes, especialmente aquellas por las que deben acceder los servicios de emergencia en caso de incendio", ha finalizado Javier Bonet.

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