Denuncian la falta de alternativas para los doscientos desalojados en la antigua cárcel de Palma
Colectivos y organizaciones sociales de Mallorca han criticado que Cort haya iniciado el proceso para expulsar a los ocupantes sin haberles encontrado una vivienda
Concentración de protesta esta mañana en la antigua cárcel de Palma. / Manu Mielniezuk
Diversos colectivos y organizaciones sociales de Mallorca han reclamado este lunes la paralización del desalojo de las cerca de 200 personas que residen en la antigua prisión de Palma y han exigido una alternativa habitacional "real" antes de ejecutar la medida.
Las entidades Arran, Menys Turisme Més Vida, la Organització Juvenil Socialista (OJS) y el Sindicat Habitatge de Palma (SHP) han denunciado ante el inmueble municipal que el desahucio no es un caso aislado, sino parte de un contexto de emergencia habitacional agravado por la turistificación.
Según han recordado, en el segundo trimestre de 2025 se ejecutaron 245 desahucios en Palma y más de un millar de personas viven en asentamientos precarios en la capital balear.
Carteles exigiendo "viviendas para todos". / Manu Mielniezuk
La antigua cárcel de Palma, inaugurada durante el franquismo y cerrada hace más de 25 años, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2013 y, según han detallado estos colectivos en un comunicado, ha llegado a acoger a unas 400 personas de forma simultánea.
En la actualidad residen allí personas sin hogar, familias desahuciadas y trabajadores con bajos ingresos que, como han indicado estas entidades, no pueden acceder a una vivienda en el mercado ordinario.
Las organizaciones han criticado que el Ayuntamiento de Palma haya iniciado el proceso de desalojo sin concretar alternativas suficientes, pese a que los servicios sociales municipales y la red de inclusión social del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) presentan listas de espera.
"Criminalización de la pobreza"
Los portavoces también han cuestionado que los recientes incendios registrados en el inmueble justifiquen el desalojo y han denunciado lo que consideran una "criminalización de la pobreza y de las personas migrantes".
Además, han alegado que la medida puede dejar a más de 200 personas en la calle y han advertido de precedentes en otros municipios, como Badalona o Ibiza, donde desalojos similares derivaron en nuevos asentamientos.
El control policial en los accesos continuaba hoy. / Manu Mielniezuk
Las entidades se han referido a las miles de viviendas vacías en Baleares y por ello han reclamado que el derecho a la vivienda prevalezca sobre la especulación y el alquiler vacacional.
En esta línea, los colectivos han instado al Ayuntamiento de Palma asumir su responsabilidad en la atención inmediata de las personas afectadas y han apelado a una respuesta conjunta ante la crisis habitacional en la ciudad.
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