Denuncia que una inmobiliaria le obligó a pagar 14.000 euros por adelantado para alquilar un piso en Palma
Una joven lamenta condiciones "abusivas" para acceder a una vivienda en el barrio de la Plaza de Toros
La agencia lo desmiente y asegura que fue un pago "voluntario" para convencer al propietario porque dudaba de alquilarle el inmueble

Una mujer consulta los anuncios de una inmobiliaria. / B. Ramon

El alquiler de un piso en el barrio de la plaza de Toros de Palma ha terminado en un cruce de denuncias entre la inmobiliaria que intermedió en la operación y la inquilina. Esta joven (pide mantener el anonimato) asegura que la agencia le obligó a pagar 14.085 euros de adelanto para acceder a la vivienda. La inmobiliaria lo desmiente y afirma que su clienta abonó esta cantidad "de manera voluntaria".
El inmueble se alquilaba por 1.700 euros, incluyendo una plaza de garaje. La inquilina lo visitó en diciembre y después de unas semanas se decidió a arrendarlo. El propietario aceptó y el pasado 19 de febrero firmaron un contrato por el que esta joven se comprometía a pagar algo más de catorce mil euros a cambio de la entrega de llaves. Este abono incluía seis meses de adelanto (10.685 euros correspondientes a la renta desde el día siguiente, 20 de febrero, hasta el 31 de agosto); y otros 3.400 euros en concepto de garantía y fianza adicional.
Sin embargo, horas después de firmar la joven pidió revocar el contrato argumentando que debía atender problemas personales surgidos en su país de origen, Austria, que le obligaban a renunciar al inmueble. Y reclamó la devolución de todo el importe adelantado. Tras unas horas de tensas conversaciones, el día 20 se firmó la resolución que anulaba el contrato y el propietario aceptó devolver 10.685 euros, pero se quedó con 3.400 euros, dos mensualidades, "en concepto de cláusula penal y daños y perjuicios". La inquilina firmó, pero asegura que lo hizo "bajo coacciones" y ahora reclama también ese importe.
"La inmobiliaria me exigió que pagara una cantidad abusiva, catorce mil euros que vienen a ser ocho mensualidades", subraya la denunciante, que señala que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) solo permite a propietarios e inmobiliarias pedir un máximo de tres meses de adelantos en concepto de fianza y garantías. "Me dijeron que si no pagaba todo ese dinero, no me alquilarían el piso, que había mucha gente interesada y que si quería las llaves tenía que cumplir con esa condición", manifiesta.
"El día que me devolvieron los diez mil euros hubo insultos y amenazas por parte de la inmobiliaria, y me dijeron que diera gracias a que había recuperado al menos diez mil euros porque no estaban obligados a hacerlo. Me pusieron contra las cuerdas para firmar la resolución del contrato. Si me negaba, me dijeron que se quedarían con los catorce mil euros y que iríamos a un largo juicio", indica esta afectada. "Y yo no puedo estar años sin recuperar ese dinero porque son todos mis ahorros y los necesito para alquilar otro piso", añade.
Al día siguiente esta joven pidió a la inmobiliaria, a través de un asesor, la devolución de esos 3.400 euros al considerar que el contrato todavía no se había iniciado. "Se aprovechan de un problema social de máxima gravedad como la vivienda. Primero piden un alquiler de 1.700 euros por un piso en el barrio de la Plaza de Toros, después le exigen catorce mil euros para alquilárselo y para rematar se quedan con 3.400 euros sin haber hecho absolutamente nada", destaca este asesor, que está preparando una denuncia y un escrito de queja en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares.
La agencia: "Se ofrecieron a pagar los seis meses de adelanto"
La inmobiliaria, por su parte, asegura que fue la mujer la que se ofreció "de manera voluntaria" a adelantar esos catorce mil euros. "Vinieron ella y otra mujer que intervino como avalista. Insistieron en que querían el piso y en una reunión con el propietario se ofrecieron a pagar los seis meses por adelantado. Llevamos abiertos más de veinte años, conocemos la ley y nunca hemos pedido a nadie seis meses por adelantado. Pero ellas se ofrecieron a pagarlos porque el propietario dudaba en alquilárselo y le convencieron así", explica una responsable de esta inmobiliaria.
"La LAU permite desistir de un contrato de alquiler cuando hayan pasado al menos seis meses, no antes. Al final negociamos una penalización, ellos mismos nos dijeron que si lo dejábamos en dos mensualidades ese mismo día cerraríamos un acuerdo. E insisto, el propietario no tenía obligación de devolver nada, pero de buena fe les devolvió diez mil euros. Para nuestra sorpresa poco después su asesor empezó a amenazarnos e insultarnos en mensajes de Whatsapp, correos electrónicos y llamadas de teléfono, así que no hemos tenido más remedio que denunciarle", lamentan desde esta agencia.
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