Desalojo de la antigua cárcel de Palma: "Los que nos echan llevan corbata y cobran 3.000 euros al mes"
Tras los recientes incendios, el Ayuntamiento de Palma inicia un censo para identificar a los ocupantes y notificar el desalojo de la antigua cárcel a las cerca de 200 personas que viven allí, acelerando el proceso por las condiciones insalubres del recinto
El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, explica que el Ayuntamiento de Palma busca soluciones habitacionales con el Obispado, el Ejército y otras instituciones para los residentes de la antigua cárcel

Manu Mielniezuk

"Esto es una mierda. Mucha corbata, pero los que nos están echando cobran más de 3.000 euros". Las palabras de Toni, un mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel de Palma por el drama del alquiler que atraviesa la ciudad, resumen el sentir de las cerca de 200 personas que hoy son prisioneras del chabolismo en lo que un día fue un centro penitenciario. El Ayuntamiento de Palma ha iniciado este miércoles un censo para identificar a los ocupantes y notificarles el desalojo, acelerado tras los incendios registrados en los últimos días. El Consistorio justifica la medida por las condiciones insalubres del edificio y el “serio riesgo para su seguridad y para la seguridad pública en la zona”.
A primera hora de la mañana, varios agentes de la Policía Local han establecido un control en los accesos de la antigua cárcel de Palma para conocer el número exacto de residentes. Los ocupantes iban saliendo del recinto para acudir a sus trabajos mientras los agentes les identificaban. Algunos han partido temprano y regresarán más tarde a lo que, hoy por hoy, es su hogar.
"No sé qué van a conseguir con este censo. Para entrar en un piso te piden 1.500 euros que no podemos conseguir", asegura Toni, que explica que hay "gente que lleva tres años viviendo en la prisión".
"Estamos intentando que ninguna de estas personas muera calcinada. Parece que todos estos incendios han sido provocados”
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha insistido este miércoles en que la prioridad del Consistorio es garantizar la seguridad de las cerca de 200 personas que residen en la antigua cárcel. "Estamos intentando que ninguna de estas personas muera calcinada. Parece que todos estos incendios han sido provocados”, señaló Bonet ante la puerta principal del recinto.
El edil ha explicado que, tras los recientes incendios, el Ayuntamiento ha acelerado los controles de acceso y la elaboración del censo para poder notificar formalmente el desalojo cumpliendo los plazos legales: cinco días para presentar alegaciones y cuatro días más para abandonar voluntariamente el recinto antes de que se active la vía judicial en caso de negativa. "Podemos pretender dejar esto vacío mañana, pero la legalidad nos obliga a cumplir una serie de pasos", apuntó Bonet.
A la vez, Bonet asegura que el Consistorio trabaja para evitar que nadie pase una sola noche a la intemperie, en coordinación con otras instituciones como el Obispado de Mallorca y el Ejército, que han ofrecido instalaciones alternativas: "Buscamos cualquier sitio digno, hemos pensado en infinidad de ellos para entidades humanitarias. Pretendemos que nadie muera asfixiado".
Este mismo miércoles, ha explicado, hay prevista una reunión con representantes del Obispado de Mallorca para ver cuántas habitaciones podría poner a disposición de las personas que viven en la antigua cárcel: "Hay una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y necesitamos una acción conjunta también para resolverlo".
Para coordinar las medidas, este viernes se celebrará una Junta Local de Seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, seguida de la Junta de Govern, donde se aprobarán las acciones a ejecutar una vez finalizado el censo.
El método Albiol en Palma
Desde la antigua cárcel, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de aplicar el llamado 'método Albiol', dejando en la calle a muchas personas sin ofrecerles alternativas habitacionales. "Hay gente que ya vive en condiciones que nadie desearía, y ahora se les deja en desamparo absoluto", señaló Muñoz.
La concejala advirtió que muchos de los residentes se encuentran en situación administrativa irregular y que el Ayuntamiento no está proporcionando información sobre posibles vías de regularización. "Esta gente tiene trabajo y necesita una vivienda digna. Tampoco se les da la información que necesitan para acceder a los servicios sociales", añadió.
Proyecto para la antigua cárcel
El proceso para recuperar la antigua cárcel conducirá previsiblemente a un desalojo judicial, pero antes el Ayuntamiento dará una serie de pasos. El Conistorio no se pone fecha para la recuperación de la antigua cárcel. Bonet ha indicado que, una vez ejecutado el desalojo, se limpiará la basura acumulada durante meses y se tapiará "para impedir su okupación". Posteriormente se licitará la demolición del inmueble para ejecutar el proyecto que el Consell tiene previsto en la zona, abrir un nuevo acceso a la Vía de Cintura y ampliar la rotonda, intervención que abarca parte de los terrenos sobre los que se levanta la prisión.
En caso de llegar a instancias judiciales, Cort argumentará para acortar el proceso un elevado riesgo de incendio en el recinto. Del mismo modo, el Ayuntamiento también tiene un proyecto para levantar allí viviendas asequibles y enfocadas al coliving.
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