Cort inicia el proceso para desalojar a los casi 200 ocupantes de la antigua cárcel de Palma

Los incendios declarados en la antigua cárcel de Palma estos últimos días han impulsado al Ayuntamiento de Palma a acelerar el desalojo de la instalación en la que en estos momentos residen unas doscientas personas en condiciones insalubres y con "serio riesgo para su seguridad y para la seguridad pública en la zona".

Así lo ha expresado este martes el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, en una rueda de prensa convocada de urgencia para informar del inicio del procedimiento de recuperación posesoria del inmueble, de titularidad municipal. "Este pasado fin de semana se han producido cuatro incendios, provocando uno de ellos el rescate de cuatro personas por parte de los Bomberos de Palma. Se registran cada vez con más frecuencia y pensamos que los provocan los propios ocupantes por disputas entre ellos", ha explicado Bonet, que ha comparecido con el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró.

El proceso para recuperar la antigua cárcel conducirá previsiblemente a un desalojo judicial, pero antes el Ayuntamiento dará una serie de pasos. Este miércoles y el jueves la Policía Local y los servicios sociales harán un control de acceso para identificar a los ocupantes y actualizar el censo. El viernes 27 se celebrará una Junta de Govern extraordinaria para poner en marcha el expediente de recuperación posesoria y Cort entregará a cada ocupante un notificación para que abandone el recinto. Tendrá cinco días de plazo para alegar y otros cuatro días para marcharse.

"El perfil de las personas que residen allí ha cambiado radicalmente. Pensamos que una parte de ellos no estarán por la labor de pasar constantemente por un control policial, pero eso son suposiciones. Cuando les identifiquemos, se les notificará el desalojo y se continuará con los controles hasta que esté desalojado completamente", ha expresado Bonet.

En caso de que no lo hagan, el Ayuntamiento solicitará una orden de desalojo al juzgado. Bonet ha reclamado la colaboración de la Delegación del Gobierno ya que, ha señalado un 60% de los ocupantes son extranjeros en situación irregular. También ha pedido la colaboración del Obispado, la Autoridad Portuaria y el Ejército para que ofrezcan soluciones habitacionales a estas personas.

"La situación es crítica. Sabemos que el IMAS ahora tiene una sobreocupación. Pero tiene que haber colaboración, por ejemplo el Obispado tiene muchas habitaciones y tendría que ponerse a disposición. Lo mismo que el Ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que llegan en patera también debería poder dar una solución habitacional", ha añadido el primer teniente de alcalde.

Demolición y tapiado

"Es necesario llevar a cabo una intervención urgente. Hay riesgo para las personas que viven dentro y para la seguridad en general", ha argumentado Bonet.

El Ayuntamiento no se pone fecha para la recuperación de la antigua cárcel. Bonet ha indicado que, una vez ejecutado el desalojo, se limpiará la basura acumulada durante meses y se tapiará "para impedir su okupación". Posteriormente se licitará la demolición del inmueble para ejecutar el proyecto que el Consell tiene previsto en la zona, abrir un nuevo acceso a la Vía de Cintura y ampliar la rotonda, intervención que abarca parte de los terrenos sobre los que se levanta la prisión.

En caso de llegar a instancias judiciales, Cort argumentará para acortar el proceso un elevado riesgo de incendio en el recinto.

Del mismo modo, Bonet ha recordado que el Ayuntamiento también tiene un proyecto para levantar allí viviendas asequibles y enfocadas al coliving.

El regidor ha explicado asimismo que, pese a que el Consistorio ha ofrecido soluciones habitacionales a los ocupantes de la cartera de servicios sociales municipales, "solo una joven de 18 años ha aceptado".

Bonet ha indicado que "si fuese por el alcalde de Palma, se desalojaría mañana mismo porque lo que hemos visto este fin de semana nos ha preocupado mucho". Sin embargo, el concejal ha indicado que la ley solo permitiría un desalojo exprés en caso de ruina inminente, requisito que en este caso no se cumple.

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