El PP validará la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma con el respaldo de la izquierda

La prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma ha puesto de acuerdo al PP y a la izquierda de Cort, algo que ha sucedido muy rara vez esta legislatura. El equipo de gobierno municipal dará luz verde al bloqueo de nuevos arrendamientos vacacionales con el respaldo del PSOE y de Més per Palma. Un respaldo crítico y con matices, pero que servirá para validar en el próximo pleno una de las iniciativas de mayor alcance de este mandato. Ambos partidos han adelantado su apoyo en la Gerencia de Urbanismo celebrada este martes que ha ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General para vetar esta actividad en cualquier tipología de viviendas en todo el término municipal. Vox se ha abstenido.

Palma cuenta en la actualidad con un total de 4.473 plazas de estancias turísticas en viviendas, distribuidas en 632 inmuebles -381 en Palma capital, 76 en Platja de Palma/Can Pastilla y 175 en suelo rústico-. Ahora se impedirá cualquier incremento de esta cifra y se abrirá el camino para lograr una reducción progresiva a medida que se produzcan bajas que no se reemplazarán.

Hay que precisar que esta prohibición afecta a las viviendas unifamiliares en las que la actividad es legal. En los pisos el alquiler turístico está prohibido desde hace años, aunque la oferta ilegal prolifera.

El PSOE de Palma ha votado a favor de esta medida en la Gerencia de Urbanismo "por responsabilidad", pero ha exigido al alcalde Jaime Martínez que sancione y clausure esos arrendamientos que operan al margen de la legalidad. "La prohibición de lo que queda del alquiler turístico en unifamiliares llega tarde y debe acompañarse de inspecciones para perseguir la oferta ilegal para recuperar así las viviendas para la gente", ha señalado el regidor Pepe Martínez.

Para los socialistas, a la medida le falta ambición. "Era el momento de dar un paso más y revertir de todas las plazas que existen. La prohibición se queda corta, muy corta", ha indicado Martínez. "Si fuera una prioridad, la medida eliminaría más del 98% de las plazas, que ahora quedarán igual. No nos encontraríamos con miles y miles de anuncios ilegales mientras el alcalde dice qué guapo es Airbnb", ha afirmado el concejal socialista.

Del mismo modo, ha indicado que "si realmente creyeran en la prohibición, ya se habría sancionado cada una de las viviendas ilegales, que deberían ser para trabajadores y trabajadoras para con suecos que vienen aquí de vacaciones". Y ha concluido que "fueron gobiernos progresistas quienes limitaron el alquiler turístico en viviendas en 2018, 2020 y 2023".

Més per Palma, por su parte, también ofrece un 'sí' crítico. "Votaremos a favor, pero queremos más contundencia para reducir el alquiler turístico existente, tanto el ilegal como el legal", ha destacado Neus Truyol, que también considera que la medida "llega tarde y es poco ambiciosa".

La regidora ha señalado que entre 2015 y 2023 el PP "votó siempre de forma sistemática en contra de cualquier limitación, moratoria o prohibición del alquiler turístico". Y ha manifestado que "con esta prohibición el PP llega dos años tarde, y además no es ambiciosa ni valiente". En este sentido, Truyol ha señalado que "con esta propuesta solo desaparecerá el 2% del alquiler turístico de la ciudad, una cifra totalmente irrisoria", ha dicho acerca del hecho de que solo catorce viviendas vacacionales están sometidas a una renovación cada cinco años y que se darán de baja al terminar ese plazo.

"Es un modelo insostenible tanto social como medioambientalmente. Damos la bienvenida al PP a nuestras posiciones. Ahora se ven forzados a reconocer el desastre que ellos mismos han contribuido a crear", ha indicado Truyol.

Podemos Palma: "Es una estafa"

Podemos Palma se ha expresado en términos muy críticos con esta iniciativa. La regidora Lucía Muñoz también se ha referido a ese 2% del parque que se daría de baja en los próximos años. "La modificación planteada se limita a impedir la renovación de licencias de alquiler turístico concedidas con posterioridad a 2017. En total, estas licencias afectan únicamente a catorce viviendas en toda Palma. Esto significa que, en un periodo de cinco años, el supuesto decrecimiento del alquiler turístico se traduciría en tan solo catorce viviendas menos", ha indicado la concejala.

Muñoz, que no anticipado el sentido de su voto en el próximo pleno, ha denunciado que se trata de "una estafa, una medida sin datos, sin impacto real y profundamente injusta". Asimismo, ha criticado que Martínez "no es capaz de decir cuántas viviendas se destinan al alquiler turístico ilegal ni cuántas viviendas permanecen vacías en la ciudad, por lo que cualquier modificación urbanística será errónea".

Este martes Vox se ha abstenido. Sin embargo, el partido liderado por Fulgencio Coll advierte de que no es un posicionamiento definitivo. "Estamos estudiando los pros y los contras, y en el pleno daremos el voto definitivo. Sí a la persecución implacable del alquiler ilegal, pero durante ocho años la izquierda no hizo nada por la vivienda y ahora usa las estancias turísticas como pretexto para tapar su rotundo fracaso, algo que vemos que también está haciendo el PP", ha señalado esta formación.

"El problema de la vivienda es consecuencia de la Ley de la vivienda estatal y de la ocupación ilegal", ha añadido Vox.

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