Abogados de Derechos Humanos instan a Cort a mantener la Defensora de la Ciudadanía de Palma

La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Palma que mantenga la figura del Defensor de la Ciudadanía, por su "servicio insustituible a la ciudadanía", como institución cercana y protectora de quienes han solicitado su intervención frente a disfunciones o abusos de la Administración.

La Comisión aboga por el mantenimiento de esta institución frente a las propuestas políticas que piden su supresión y advierte en un comunicado de que eliminarla "sería tanto como ir en contra de la evolución general de los países democráticos, donde este tipo de figura se ha multiplicado en todas las administraciones".

"Sería tanto como dejar más desamparada a la ciudadanía, especialmente a los sectores vulnerables, frente a las carencias, irregularidades o abusos de la administración municipal, privándole de un mecanismo de muy fácil acceso y amplia disponibilidad", alertan en una declaración.

La Comisión advierte también contra las amenazas que se ciernen sobre la Defensoría procedentes de quienes "buscan subterfugios o vías indirectas para llegar a su eliminación, como la supresión de medios personales de la oficina y el boicot, dejando de responder a sus peticiones de información o documentos".

Avisan de que esta conducta pretende "hacer aparecer a la Defensoría como inútil o irrelevante, cuando la imposibilidad de desarrollar plenamente su función viene motivada por la actuación obstativa del propio Ayuntamiento, y también provocar el agotamiento y la renuncia de su actual titular.

La comisión ha expresado su reconocimiento expreso a la actual defensora de la ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, y además insta al Ayuntamiento de Palma a mantener la institución del Defensor de la Ciudadanía, "a respetar su independencia, a facilitarle medios personales y materiales suficientes para el desarrollo de su función y a prestar la colaboración necesaria para la correcta resolución de las quejas justificadas de los ciudadanos".

La Comisión de Derechos Humanos del ICAIB destaca el valor que tienen este tipo de instituciones aparecidas en los dos últimos siglos, desde la creación del Ombudsman en la Constitución sueca de 1809.

Recuerdan que se han creado figuras similares en la mayoría de países democráticos, dotadas de rasgos comunes: su independencia, gracias a su configuración constitucional como órganos parlamentarios, pero funcionalmente independientes; funciones de control de las administraciones públicas y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y carencia de poder de coerción, formulando propuestas y recomendaciones a las administraciones.

Defensor de la Ciudadanía de Palma desde 2006

En España, la Constitución de 1978 creó la institución del Defensor del Pueblo, a nivel estatal y, posteriormente, han surgido figuras semejantes en los Estatutos de Autonomía. En Baleares, se aprobó la Ley del Síndic de Greuges en 1993, cuyo nombramiento viene reclamando desde entonces la comisión de Derechos Humanos del ICAIB.

Palma está adherida a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad de 2000 y en 2006, en la Ley de capitalidad, creó el Defensor de la Ciudadanía como una institución de carácter municipal para la defensa de las libertades y de los derechos de los habitantes de Ciutat.

Desde entonces han ejercido la Defensoría Miguel Lladó desde 2007 y por Anna Moilanen desde 2016, recuerdan.