Un jubilado denuncia la ocupación de su casa en el Secar de la Real: "Es rico, conduce un Audi y pagó 1.000 euros para quedarse con mi vivienda"

"He estudiado detalladamente las leyes y decretos recientes, que protegen a los okupas y dejan desprotegidos a los propietarios. Es una auténtica vergüenza. No es tan difícil hacerlo mucho mejor si se tienen en cuenta todas las variables. Si los manuales de operación y mantenimiento de los aviones fueran tan chapuceros, no podríamos viajar en avión".

Es el lamento de Fernando* —nombre ficticio—, el jubilado de más de 70 años al que le han ocupado su vivienda en el Secar de la Real. El hombre se siente “desprotegido” ante la actual Ley de Vivienda y asegura que muchos okupas con recursos económicos conocen la ley perfectamente y se aprovechan de las normas actuales.

Fernando explica que la Policía no pudo desalojar al okupa de su vivienda el pasado 6 de diciembre, después de que este exhibiera un contrato firmado con la empresa Movistar Prosegur, con una antigüedad superior a las 48 horas previas a que él descubriera la ocupación del inmueble. Según denuncia el afectado, la empresa instaló cámaras de seguridad en la vivienda y formalizó el contrato de manera presuntamente irregular, ya que la Ley de Seguridad vigente obliga a comprobar documentalmente la legitimidad de los moradores antes de autorizar la instalación de sistemas de vigilancia.

"Lo descubrí porque fui a casa a pintar y sonó una alarma. Me quedé perplejo y se presentó el okupa en un minuto", explica Fernando, que asegura que el hombre que invadió su casa "es rico" y conduce un Audi de gran cilindrada.

"El okupa rechazó mi oferta de 10.000 euros para abandonar el inmueble en el momento de ser descubierto y afirmó disponer de todo el dinero negro que quisiera. Dijo que se quedaría porque quería seguir okupando ‘su vivienda'", aclara Fernando, quien asegura que el ocupante siente que tiene "una impunidad total".

El afectado asegura que existe un mercado negro donde se venden llaves de viviendas: "Los caraduras se aprovechan. El hombre asegura que compró las llaves de la casa por 1.000 euros". Fernando cree, por descarte, que se las vendió el anterior inquilino, que estuvo habitando la vivienda hasta un mes antes, "medio año sin pagar y habiendo destrozado la casa".

"El juzgado puede tardar meses o incluso años en echarlo. Es una situación que no conocía; la ocupación solo sale en los periódicos cuando van a desalojar a una persona vulnerable", explica Fernando, que asegura tener un evidente interés en "complementar mi pensión con los ingresos del alquiler perdido".

La Ley de Vivienda vigente califica estas okupaciones como "delito leve", por lo que la Policía no puede detener al delincuente y llevarlo ante el juez, siendo un delito similar al de un robo de menos de 400 euros en un supermercado. La fuerza policial solo puede identificarlos y denunciarlos ante el juzgado.

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