Prohibido el alquiler legal en Palma

Aunque sea al tercer intento, Jaime Martínez parece decidido esta vez a frenar el desastre del alquiler turístico en Palma. A partir de febrero, la planta actual de seiscientas viviendas unifamiliares no podrá aumentar. Desde luego, es un logro más modesto que la supresión de los pisos turísticos, que llevó a Antoni Noguera a la portada del New York Times y a una acción legal en el Tribunal Supremo, que dejó en un merecido ridículo a la patronal. Hasta Nueva York, en la cuna de Airbnb, ha suprimido la maldición que arruina el acceso a la vivienda de los nativos.

A Cort no se le puede pedir más, aparte de recordar que fue el PSOE quien impidió que se vetara la salida al mercado de plantas bajas adosadas. Quedará por tanto prohibido el crecimiento del alquiler turístico legal en Palma, pero el ilegal seguirá campando a sus anchas porque no ha descendido el tráfico rodado de maletas. La actividad sigue enriqueciendo a maltratadores de sus vecinos a quienes cabría calificar directamente de ladrones. El propio alcalde cifró la oferta pirata en quince mil unidades, que por definición de PP/Vox debe tomarse como una estimación conservadora.

Mientras Airbnb presume ahora de que cumple la ley, como si debiera ser felicitado por ajustarse a la norma, Martínez/Galmés/Prohens gimotean sobre la dificultad de intervenir y sancionar el alquiler ilegal. No es más complicado que multar a todos los coches que infringen la ORA, como ocurre en la actualidad sin más que contratar al personal suficiente. Por si necesitan inspiración, las autoridades romanas proceden a descerrajar a martillazos los depósitos con los llavines de la actividad ilegal. No existe ningún motivo para respetar a quienes desprecian a la ciudad.

La limitación de licencias solo parchea el drama. La erradicación del alquiler turístico, que convertiría en presidente de Balears a quien la propusiera, debe ir acompañada de la prohibición de arrendamientos por encima de la media española de 14 euros por metro cuadrado. Por lo menos, hasta que todas las personas nacidas en Mallorca o con veinte años de residencia disfruten de una vivienda en la isla de su propiedad, a todos los efectos.

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