Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma

Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en el municipio de Palma. El equipo de gobierno municipal someterá a aprobación la modificación del Plan General para poner negro sobre blanco una medida que anunció en una comparecencia pública el pasado octubre.

En la actualidad existen en el municipio 639 viviendas de alquiler turístico legales en viviendas unifamiliares (en pisos la actividad está prohibida, aunque la oferta ilegal prolifera). Esas plazas podrán seguir operando, pero ya no se autorizarán nuevas. Es más, la tendencia es ir hacia el decrecimiento porque cuando una licencia se dé de baja no se reemplazará por otra. El veto a nuevos alquileres se hará "en todas sus modalidades y en todo el municipio".

En aquella comparecencia Martínez señaló que esta prohibición entraría en vigor "cuanto antes". Ahora el Ayuntamiento ultima la tramitación necesaria para llevar a cabo la modificación del Plan General y el texto definitivo estará listo para su aprobación en el pleno de febrero. En todo caso el PP gobierna en minoría y necesitará de apoyos para darle luz verde.

Previsiblemente los tendrá. Con mayor o menor contundencia, el alcalde ha apostado desde el principio de la legislatura por el bloqueo de nuevas plazas de alquiler vacacional en la ciudad. Y el equipo de gobierno ha respaldado algunas proposiciones que la izquierda ha llevado a los plenos orientadas a restringir o prohibir la actividad. En octubre de 2023, recién iniciado el mandato, el PP apoyó una iniciativa de Més per Palma para mantener la actual prohibición en pisos y "ampliarla a viviendas unifamiliares entre medianeras en barrios saturados de la ciudad".

Y en el pleno de mayo de 2024 hizo lo propio con una proposición de Podemos que instaba al Ayuntamiento a "estudiar la prohibición total del alquiler turístico en todas las viviendas de Palma".

De este modo, el Ayuntamiento de Palma pone cerco a la oferta legal, aunque la ciudad sigue sufriendo una importante actividad ilegal, mayoritariamente en pisos. El pasado julio el propio Martínez cifró en unos 15.000 los anuncios de alquiler turístico ilegal en Palma, sobre todo en edificios plurifamiliares. En octubre el alcalde se refirió a un informe de Exceltur que apuntaba que el número de viviendas ilegales se había reducido un 3,7% en 25 ciudades españolas, mientras que en Palma esa disminución fue del 17,4%.

Al respecto, el Consistorio defiende que esta legislatura ha habido más controles por parte de Urbanismo y de la Policía Local. Por otro lado, señala que el Consell de Mallorca aporta inspectores desde la Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiocupación.

Declaraciones responsables

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha identificado una serie de alquileres turísticos dados de alta en el registro del Consell que, según todos los indicios, no cumplen con los requisitos que se les exigieron en su momento para iniciar su actividad con una declaración responsable.

En todo caso, señala que la inspección de estas posibles irregularidades corresponde a la institución insular.

Cort defiende que la prohibición de nuevas plazas de alquiler vacacional forma parte de una serie de iniciativas más amplia para combatir la masificación turística. Esta legislatura el Consistorio también ha vetado la creación de nuevas plazas de albergues juveniles, ha instado a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a que prohíba las 'party boats' en el Passeig Marítim y ha fijado por normativa un límite de turistas a los grupos con guía en el centro de Palma.

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