El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones

Las oposiciones a Bombero han sido tradicionalmente un dolor de cabeza para el Ajuntament de Palma. Pocas convocatorias han estado exentas de críticas por falta de transparencia, y la más reciente no es una excepción. Un grupo de 16 aspirantes al proceso selectivo para cubrir 26 plazas de bombero y conductor ha denunciado públicamente una situación de falta de transparencia, incumplimiento de plazos, ausencia de planificación y posible arbitrariedad en el desarrollo de la oposición, cuyas bases fueron publicadas hace ya más de dos años.

Los afectados se muestra indignados y consideran que el proceso vulnera de forma directa la doctrina del Tribunal Supremo fijada en la Sentencia de la Sala Tercera de 27 de enero de 2022, que establece que los criterios de valoración y corrección de las pruebas selectivas deben estar fijados y publicados con carácter previo a su realización.

La sentencia advierte de que la ausencia de estos criterios constituye un vicio sustancial que puede determinar la nulidad de la prueba, al vulnerar los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

Según denuncian, en este proceso no se publicaron los criterios de valoración, pese a que el propio tribunal calificador anunció por escrito, días antes de las pruebas, que dichos criterios y los puntos de corte serían comunicados con antelación al inicio de los ejercicios. Esta información nunca fue facilitada, por lo que los aspirantes realizaron las pruebas sin conocer las reglas de evaluación.

Las dieciséis personas afectadas realizaron las pruebas psicotécnicas, test de personalidad y entrevistas personales sin haber sido informadas previamente de los criterios de evaluación, parámetros valorables, sistema de corrección ni nivel mínimo exigido. Además, el grupo asegura que el tribunal fue emitiendo aclaraciones sobre la entrevista personal cuando muchos aspirantes ya la habían realizado, alterando las reglas del proceso una vez iniciada la evaluación.

Los afectados pasaron un año sin conocer el resultado de los exámenes de la oposición de bomberos

Además, los afectados denuncian que el proceso les ha hecho perder un año de su vida, ya que suspendieron las pruebas psicotécnicas o el test de personalidad, realizadas en octubre de 2024, sin que se les notificara el resultado hasta un año después. Durante ese tiempo, se continuaron preparando y realizando las siguientes pruebas físicas, herramientas, fobias y las entrevistas personales, pese a haber quedado ya excluidos del proceso.

Según explican, esta situación les les ha impedido planificar su futuro laboral durante años y les ha hecho perder otras oportunidades de empleo, Además, les ha impedido llevar una vida estable durante ese periodo, con importantes pérdidas económicas derivadas de gastos en academias, fisios, psicólogos, nutricionistas y preparación física.

Los afectados sacrificaron tiempo con la familia e invirtieron vacaciones para mantenerse en forma ante unas oposiciones extraordinariamente duras que, en realidad, ya tenían suspendidas.

No se publicaron los criterios de valoración

Los afectados denuncian que la falta de criterios contrasta, según señalan, con otros procesos selectivos recientes, como la oposición unificada de Policía Local, en la que se publicaron hasta 14 páginas de criterios de valoración, detallando de forma exhaustiva la evaluación de cada prueba.

Asimismo, recuerdan que esta exigencia legal ya fue aplicada al propio Ayuntamiento de Palma. En concreto, la Sentencia 232/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma obligó a repetir íntegramente las pruebas psicotécnicas y de personalidad a un aspirante a bombero por no haberse publicado previamente los criterios. Tras repetir las pruebas, el aspirante fue declarado “APTO” y actualmente es bombero en activo.

Los afectados, denuncian que la calificación de “NO APTO” se comunicó sin motivación individualizada ni desglose de resultados, lo que impidió formular alegaciones de forma efectiva y generó una situación de indefensión. El test de personalidad y la entrevista personal —que forman parte de una misma prueba psicotécnica eliminatoria— se realizaron con aproximadamente un año de diferencia, lo que, según los afectados, invalida técnicamente la evaluación por falta de fiabilidad.

Los aspirantes solicitan la publicación de los criterios de evaluación anunciados y nunca facilitados, así como la repetición de las pruebas con todas las garantías legales, sin necesidad de verse obligados a acudir a la vía judicial. Advierten de que una resolución judicial dentro de varios años no compensaría el perjuicio ya causado.

Suscríbete para seguir leyendo