El Parlament deja en suspenso la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma
Considera que algunos de los cambios propuestos por el Ayuntamiento no son de competencia municipal
"Las cosas no se han hecho bien, es una chapuza más", critica el socialista Iago Negueruela
El alcalde Martínez entre los regidores Bonet y Roca en el pleno de noviembre. / Guillem Bosch
El Parlament ha paralizado la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma al considerar que algunos de los cambios propuestos por el Ayuntamiento no son de competencia municipal. En concreto, la propuesta del Consistorio incluye modificar dos leyes de ámbito autonómico: un decreto de medidas urgentes sobre la red de equipamientos públicos y la de simplificación y racionalización administrativa.
El Ayuntamiento quiere tener autonomía para aplicar las normas incluidas en esas dos leyes a equipamientos privados y no solo públicos. Algo que podría superar las facultades del Consistorio.
Para el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, "el alcalde debe preocuparse más por la gestión y trabajar más por Palma". Y ha señalado que "un Parlament con mayoría del Partido Popular y Vox ha frenado una norma aprobada por un ayuntamiento del PP y Vox porque las cosas no se han hecho bien".
Para el secretario general, el alcalde "debe asumir sus responsabilidades y garantizar que, como mínimo, las propuestas de ley del ayuntamiento sean legales". Negueruela ha afirmado que Martínez "se está despreocupando de la gestión".
El socialista ha calificado esta situación de "una chapuza más" del Consistorio.
La modificación de la Ley de Capitalidad proponía dos cambios en dos normas del Govern: el Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la comunidad autónoma de las Illes Balears; y la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, extendiendo su aplicación a infraestructuras y equipamientos privados.
De este modo, se pretendía otorgar a Palma la potestad de aplicar el contenido de ambas leyes a equipamientos de titularidad privada.
Sesenta millones de euros de aportación
Los socialistas ya denunciaron durante el pleno de noviembre que los cambios introducidos en la modificación de la Ley no cumplían con la legalidad vigente. Además, también criticaron la reducción de vivienda pública en los nuevos suelos urbanizables que se proponía, que podía verse disminuida o incluso desaparecer.
Hay que recordar que la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad del Ayuntamiento pretende que se establezca un régimen de financiación "justo y eficiente" que garantice, entre otras mejoras, una aportación anual mínima de 60 millones de euros para la ciudad, el doble de la actual.
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