El urbanismo agita los barrios de Palma y tensa la vida política en el Ayuntamiento

Áreas de transición, Proyectos Residenciales Estratégicos, solares dotacionales o viviendas de precio limitado son conceptos que este 2025 se han instalado en el día a día del Ayuntamiento de Palma. Y son fundamentales para entender la gestión en materia de Urbanismo y Vivienda que está llevando a cabo. Tan novedosa como polémica, hasta el punto de que ha agitado a los barrios y se ha convertido en el principal motivo de confrontación entre las dos derechas y las tres izquierdas del Consistorio.

El punto de partida para algunas de estas medidas ha sido el decreto urbanístico del Govern aprobado en verano que abre la puerta a la construcción en las áreas de transición (suelo rústico) del municipio y que permite un incremento de la edificabilidad de hasta el 45% en buena parte de los urbanizables de la ciudad previstos en el Plan General.

También este 2025 se han adjudicado dos solares municipales a una promotora madrileña para que construya y gestione, durante 75 años, 166 viviendas de alquiler de precio limitado. Y, todavía más controvertido, Cort ha aprobado el cambio de calificación de seis solares dotacionales (destinados a equipamientos) que cederá a promotores también durante 75 años para que edifiquen y gestionen esos mismos alquileres asequibles.

La guinda del pastel es la reforma de la Ley de Capitalidad, que entre otras cosas propone dar autonomía a Cort para rebajar o eliminar la cuota de viviendas protegidas en determinadas urbanizaciones.

Este 2025 también han definido la política urbanística municipal la rebaja de las tasas y la agilización de los trámites para obtener una licencia de obra. Por ejemplo, desbloqueando la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora o aceptando una declaración responsable en la fase del proyecto de ejecución.

Para sacar adelante estas importantes iniciativas Jaime Martínez y su regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, han contado con el apoyo de Vox. Fulgencio Coll ha expresado en reiteradas ocasiones su impaciencia con el alcalde por las escasas realizaciones de su gobierno en materia de vivienda, pero a la hora de votar no ha dudado en alinearse con el PP.

Los vecinos acuden a la justicia

Todas estas medidas han movilizado a los barrios, en los que se han multiplicado las asambleas vecinales con el mismo orden del día: la preocupación porque haya cemento en el suelo rústico, la construcción de edificios de hasta doce alturas o la pérdida de solares municipales durante 75 años que estaban destinados a equipamientos educativos y deportivos. La Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha canalizado estas inquietudes y ha dado el paso de llevar a Cort a los tribunales por la cesión de los suelos dotacionales, que consideran «una expropiación».

A nivel político se ha agrandado la brecha entre la izquierda (PSOE, Més per Palma y Podemos) y el equipo de gobierno municipal. Le acusan de haber «fracasado» a la hora de construir vivienda pública (todavía no hay ninguna iniciada) y denuncian que los futuros alquileres asequibles no lo serán porque costarán hasta 1.500 euros.

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