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Vecinos de la Calatrava y otros barrios de Palma registran alegaciones contra la tala de dieciocho Bellasombras

Reclaman la "suspensión cautelar inmediata", los informes que avalan esta intervención y alternativas "menos lesivas"

Casi un centenar de personas se concentraron el jueves en la plaza para impedir la eliminación de los árboles

Concentración de vecinos el jueves para evitar la tala de los Bellasombra.

Concentración de vecinos el jueves para evitar la tala de los Bellasombra. / Guillem Bosch

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Vecinos de sa Calatrava de otros barrios de Palma están presentando en el Ayuntamiento alegaciones contra la tala de dieciocho ejemplares de Bellasombra (Phytolacca dioica) prevista en la plaza de Llorenç Villalonga. En el escrito, dirigido al alcalde y a las áreas municipales de Parcs i Jardins y Medi Ambient, los firmantes critican al Consistorio "falta de transparencia" y plantean alternativas a la supresión de los árboles.

Hay que recordar que el jueves un centenar de vecinos se concentraron a primera hora de la mañana en la plaza para impedir la intervención de Cort, programada para ese día.

En el escrito, los firmantes denuncian "comunicación deficiente y falta de transparencia" y sostienen que no concurre ninguna urgencia que justifique la intervención. Recuerdan que la primera comunicación se produjo el 13 de noviembre a través de la Mesa Palma Verda y que la fecha concreta de ejecución se notificó el 8 de diciembre, "con cuatro días hábiles de preaviso". A su juicio, "un aviso tan limitado impide el ejercicio efectivo de los derechos de participación, consulta del expediente y aportación de informes o alegaciones".

Una de las principales críticas se centra en la documentación técnica. Los vecinos afirman que no consta un informe individualizado por árbol y reclaman pruebas instrumentales específicas —como resistografía, tomografía y análisis biomecánico y estructural— para determinar el riesgo real de caída o pérdida de estabilidad en una especie "con alto contenido hídrico". En ese escenario, advierten de que una valoración genérica "resulta arbitraria" y "carece de fundamento técnico suficiente".

Las alegaciones también reprochan que no se hayan expuesto ni comparado alternativas menos agresivas. En su escrito, invocan el principio de proporcionalidad y enumeran medidas como apuntalamientos, podas de aligeramiento, perímetros de protección, mejoras suelo-raíz y una “sustitución progresiva y escalonada” limitada a los ejemplares con riesgo acreditado. “La Administración no puede aplicar la solución más extrema sin justificar por qué ninguna alternativa es válida", subrayan.

El texto incorpora además un apartado de impactos ambientales y climáticos: pérdida inmediata de sombra, posible aumento del efecto isla de calor, cambios en la infiltración y la escorrentía, incremento temporal de partículas durante los trabajos y más ruido durante la retirada. A ello suman el impacto acumulado por talas previas en el mismo entorno y el riesgo de afectar a fauna urbana, al no constar —según indican— un informe previo sobre nidos o refugios. Incluso citan la posibilidad de responsabilidades si se destruye hábitat sin diagnóstico.

Medidas cautelares judiciales

En el apartado de peticiones, los vecinos solicitan la suspensión cautelar inmediata de la tala, el acceso al expediente completo (informes técnicos, jurídicos, ambientales y actas), un periodo de participación de al menos 15 días hábiles tras entregar la documentación, y que se aclare la competencia administrativa para que la tramitación del arbolado se aborde con intervención expresa de Medio Ambiente. También reclaman un plan de sustitución gradual “si la tala fuera técnicamente necesaria”, empezando solo por los ejemplares con riesgo real acreditado.

Los vecinos señalan que en este contexto se abre la puerta a medidas cautelares judiciales, dado "el riesgo ambiental irreversible", incluso aunque la intervención haya empezado. También señalan que se activaría la supervisión del Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges "por posible afectación a derechos colectivos ambientales".

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