Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos
La Federació d'Associacions de Veïns ultima un recurso contencioso administrativo contra la decisión de Cort de adjudicar a empresas seis suelos durante 75 años para que construyan y exploten alquileres asequibles

Pancarta reivindicativa durante una asamblea convocada por la Federació en julio. / Ana Belén Muñoz

La cesión a promotores de solares municipales que estaban destinados a equipamientos terminará en los tribunales. La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ultima un recurso contencioso administrativo contra esta iniciativa del Ayuntamiento, que adjudicará seis de estos suelos dotacionales a empresas para que edifiquen viviendas de alquiler asequible y las gestionen durante 75 años.
"Después de la aprobación en el pleno presentamos alegaciones y no las respondieron. Tras su publicación en el BOIB volvimos a alegar y seguimos sin respuesta. Así que hemos tomado cartas en el asunto a nivel jurídico. Expertos a los que hemos consultado nos dicen que es ilegal y que tenemos margen para recurrir", explica Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.
El recurso lleva la firma del abogado Ferran Gomila, asistido por expertos en materia urbanística, y en breve se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). "Esos seis solares son suelo no lucrativo destinado a equipamientos dotacionales y de repente no puede pasar a patrimonial y ser cedido a manos privadas. Es como expropiar esos terrenos que son de todos los ciudadanos para dárselos a otros", añade Alcázar.
El pleno de julio aprobó con los votos del PP y de Vox el cambio de calificación de estos suelos que serán cedidos durante 75 años mediante un concurso público a empresas para que construyan y exploten alquileres de precio limitado. El equipo de gobierno municipal justifica la necesidad de esta medida para "poner vivienda de precio limitado y asequible" en un contexto de emergencia habitacional. Estos terrenos que estaban destinados a la construcción de espacios educativos, asistenciales y deportivos se encuentran en el Camí Son Fangos 4 (Coll d'en Rabassa), Camí Son Vida 8 (Son Rapinya), Pierre Lavedan 5 (Son Güells), Pierre Lavedan 1 (Son Güells), Pompeu Fabra 15 (La Femu) y Bernat Pomar 4 (Son Rapinya).
En este último caso la Federació argumenta además que el actual Consistorio "ignora" el convenio firmado entre el alcalde Fageda, la promotora Vivelba y la asociación de vecinos de Son Rapinya para construir un equipamiento.
Hay que recordar asimismo que al inicio de la tramitación Cort rectificó y aceptó sacar de la licitación un solar en La Vileta (C/Son Peretó, 1) en el que estaba previsto construir un colegio para el CEIP Son Serra. Este colegio recordó entonces al Consistorio que había un proyecto avanzado para una un nuevo centro que necesitan para acoger a más alumnos.
Segundo recurso contra Cort esta legislatura
La Federació ya adelantó en las alegaciones que ha presentado algunos de los argumentos jurídicos incluidos en el recurso. Considera que estos suelos "tienen que servir para dotar servicios públicos y no se pueden dedicar al lucro". Asimismo, señala que "supone una violación de la normativa dado que, con la excusa de la crisis de vivienda, la cual no solucionarán, se ceden para la explotación y el negocio privado de promotores inmobiliarios durante 75 años, a pesar de que el suelo siga siendo público".
En 2024 el Consistorio ya sacó a licitación otros seis solares municipales para cederlos a empresas con el fin de edificar y explotar alquileres asequibles. Esos suelos estaban destinados a residencial y no a equipamientos, y en ese caso Cort solo pudo adjudicar dos terrenos porque los otros quedaron desiertos.
Es la segunda vez que la Federació recurre a la justicia para tumbar una iniciativa del Ayuntamiento. En julio ya presentó un recurso, también en el TSJIB, contra la nueva ordenanza cívica de Palma. También redactado por Ferran Gomila, en este caso los vecinos consideran que la normativa es un "cajón de sastre" en el que se mezclan todo tipo de ordenanzas y regulaciones que ya están en vigor.
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