Palma pide tener vía libre para rebajar o eliminar la vivienda protegida en determinadas urbanizaciones

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves solicitar al Parlament que modifique la Ley de Capitalidad para que el Govern duplique su aportación a la ciudad de 30 a 60 millones de euros anuales. Sin embargo, la futura normativa incluye un punto muy polémico: la ciudad pedirá autonomía para reducir o eliminar los porcentajes de vivienda protegida en determinados desarrollos urbanísticos.

La izquierda ha acusado al equipo de gobierno municipal de introducir en el último momento una disposición que dará poderes al pleno del Ayuntamiento para fijar nuevos porcentajes de vivienda protegida. Cort defiende que estas reservas se "modularán". Es decir, si un desarrollo reduce o elimina su cuota de vivienda asequible, se compensará aumentándola en otras urbanizaciones. En estos momentos los desarrollos urbanísticos tienen la obligación de dedicar al menos un 50% a vivienda protegida, pública o asequible.

El texto aprobado con los votos del PP y Vox establece que Cort podrá proponer al Govern que "modifique su legislación urbanística para permitir, previa justificación técnica, fijar porcentajes de reserva de vivienda sometida a cualquier régimen de protección pública, inferiores a los establecidos con carácter general, o incluso eximir determinadas actuaciones o ámbitos".

Siempre que, prosigue el redactado, "se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro del ámbito territorial correspondiente, asegurando además una distribución espacial que respete el principio de cohesión social". Esa distribución, ha manifestado la regidora de Hacienda y Función Pública, Mercedes Celeste, se decidirá por "criterios técnicos".

En suma, Celeste ha indicado que la ciudad no perderá sus actuales porcentajes de reserva de vivienda protegida obligatoria; esas cuotas se compensarán en un desarrollo o en otro. "Palma pide más autonomía para enfrentar el reto demográfico y de vivienda. Pedimos participar en la decisión sobre los porcentajes de las tipologías de vivienda que se construya en la ciudad. Lo que pedimos es poder modificar este porcentaje, pero garantizando que dentro de Palma los porcentajes globales marcados por la ley autonómica y estatal, estarán fijados. Pero pedimos modularlos", ha explicado la regidora.

"Y solo se hará en casos justificados técnicamente. En estos casos el pleno elevará esta propuesta al Govern Balear. No habrá desequilibrios porque serán cuestiones técnicas y fundamentadas que además tendrán el apoyo del pleno", ha añadido Celeste.

"Urbanismo a la carta"

La oposición de izquierdas en Cort ha atacado con dureza al equipo de gobierno por lo que han calificado de "urbanismo a la carta" en Palma. "Lo que plantean es una vergüenza. Si se tomaran en serio el problema de la vivienda en Palma lo que pedirían es que la ciudad sea declarada zona tensionada pero hacen lo contrario, reducir o eliminar los pisos protegidos", ha denunciado el portavoz socialista, Xisco Ducrós.

"Esto va a salir mal porque lo que hacen es convertir el gobierno municipal en un club de negocios. Con los derechos de los ciudadanos hacen negocio", ha añadido el socialista.

Por su parte Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha lamentado que "el PP utiliza "la administración pública para favorecer intereses privados. Esto es un giro al modelo de la ciudad y cómo se construye. Y es un fraude y una traición a los vecinos", ha manifestado.

"Es un hecho gravísimo cuando hay una situación con los precios desorbitados. Pero en este contexto ustedes lo que hacen es ponen alfombra roja a los promotores para que todo sea a precio libre sin regulación. Miran más al Madrid de Ayuso que a los vecinos de Palma", ha añadido Truyol.

Finalmente Lucía Muñoz, de Podemos, ha calificado esta disposición de "un paraguas legal para impulsar una ley que choca con la Ley del Suelo". La regidora ha lamentado que "presumen de gestión, pero solo hemos visto más opacidad y maniobras políticas para favorecer a intereses particulares".

Para Muñoz se trata de "urbanismo a la carta" y ha advertido al PP de que "su estilo de gobernar hace olor de corrupción política".