Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: "La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí"

Están alineadas de forma ordenada, una detrás de otra; ya suman más de 60. El aparcamiento de la piscina Son Hugo probablemente constituye la mayor concentración de caravanas en Palma. Pero no es un simple estacionamiento: aquí viven principalmente personas que no podrían costearse una vivienda. Para representar sus intereses y regular su convivencia, ahora están creando una asociación de vecinos.

La semana pasada, unos 30 residentes participaron en una primera reunión al aire libre. A finales de mes esperan tener formulada y aprobada el acta de constitución con los estatutos. “La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí. La asociación de vecinos, con suerte, podrá evitarlo”, explica Begoña Iglesias, portavoz de los residentes, durante la visita de MZ.

Una joven y un hombre mayor están barriendo las hojas caídas alrededor de las caravanas, pero no quieren hablar. Un hombre delgado, canoso y de unos sesenta años, con rostro envejecido y un cigarrillo en la comisura de los labios, está revisando un coche con el capó abierto. En la caravana de al lado se ve a una mujer recostada en la cama mirando el móvil, mientras juegan un niño pequeño y una niña de unos tres años. Quitando la falta de espacio, la escena no difiere mucho de una urbanización de casas adosadas.

“Nos cuidamos unos a otros en nuestra comunidad. Ahora queremos organizarnos mejor, también respecto a los espacios de estacionamiento”, dice Iglesias, que será la presidenta de la futura asociación. “El 90 % de las personas aquí tienen trabajo y van a diario a trabajar. Pero no ganamos lo suficiente como para pagar los alquileres exorbitantes. Por eso cada vez más gente se ve obligada a mudarse a una caravana". Begoña Iglesias se gana la vida controlando los parquímetros en Calvià. “Con los 1.138 euros netos que gano en mi puesto a tiempo completo ya no puedo pagar un alquiler.”

Un poco más de espacio

La mujer, de 61 años, tiene experiencia con los medios de comunicación y ha aparecido en varios documentales en alemán sobre la escasez de vivienda en Mallorca. Vive desde hace dos años y medio en el aparcamiento de Son Hugo junto a su hijo, hoy de 23 años. Primero alquiló una autocaravana, pero tras las constantes filtraciones de agua decidió comprar hace una semana su propia caravana. “Es mucho más grande y cómoda. Ahora tengo un área de estar propia y no tengo que mover la mesa cada noche para dormir”, explica. Nacida en Ibiza, Iglesias dio a luz a su hijo en Mallorca y se considera una “luchadora” por haberse liberado de un matrimonio con un alcohólico que la maltrataba.

Las cuotas de su compra de segunda mano las paga mensualmente. No es la única propietaria: “Han llegado muchos sudamericanos que compraron caravanas con sus ahorros por 3.000 o 4.000 euros. Incluso se encuentran más pequeñas por unos 2.000 euros”, comenta Iglesias.

Parece ser tanto el alma de la comunidad como la autoridad local del asentamiento. Se asegura de que todos respeten las reglas para evitar conflictos dentro de la comunidad y con el exterior. “Los que son menos sociales, con ropa colgada y muchas cosas fuera, los hemos colocado atrás para que no se vean demasiado.” Este tipo de comportamiento se considera antisocial, porque la comunidad debe cumplir la ordenanza 8/74 de tráfico, que permite estacionar y pernoctar en vehículos siempre que no haya indicios de acampada, como mesas, sillas o toldos en el exterior.

“No queremos problemas, solo un lugar donde vivir”

“Yo misma me aseguro de guardar todas mis pertenencias dentro o debajo de la caravana, de modo que nada sobresalga”, dice la mujer de 61 años. Además, lava y seca su ropa en una lavandería cercana. “Cumplimos la ley y eso queremos. No queremos problemas, solo un lugar donde vivir”, añade.

También deben cumplir la Ordenanza para la Promoción de la Convivencia Cívica, que intentaba prohibir el uso de autocaravanas y caravanas como vivienda en espacios públicos y disolver los asentamientos. El 8 de febrero, unos 200 vehículos realizaron una manifestación por la ciudad. A finales de marzo, el consistorio eliminó la prohibición de pernoctar en vehículos en la ciudad.

Activismo en Bruselas

Iglesias y otros activistas demandaron al alcalde por la ordenanza. Recientemente viajó a Bruselas con un representante de otro asentamiento, Son Güells, para llamar la atención del Parlamento Europeo sobre la escasez de vivienda en Mallorca.

Importancia de las normas internas

Debido a la presión externa, es vital que todos los residentes cumplan las reglas. “No puede ser que algunos monten un taller mecánico y trabajen en coches. Con la asociación habrá normas y quien no las cumpla será sancionado”, dice Iglesias. Algunos dejan la basura en el aparcamiento en lugar de desecharla correctamente.

Problemas con chatarreros

Ha tenido que llamar a la empresa municipal Emaya para retirar residuos, lo que generó costes. “Se llevaron tres camiones llenos de basura y objetos que quedaban por ahí. En la parte trasera se habían asentado chatarreros dejando todo tipo de cosas. No queremos eso aquí”, explica la portavoz.

Según Iglesias, los responsables deberían pagar los gastos. “Quien persista en desobedecer, será denunciado ante la policía”, añade. Enrique, de unos veinte años, también se involucra en la futura asociación y reclama que el gobierno solucione la problemática de la vivienda. “O suben los salarios o empiezan de una vez con vivienda social. La gente no puede ni quiere gastar el 70% de su salario en un techo”, afirma.

Próximos problemas: tribunales

Iglesias teme nuevos problemas para la comunidad. La asociación es crucial, ya que el gobierno central compró un terreno de 40.000 m² contiguo al aparcamiento por 3,6 millones de euros, donde planea construir gran parte de la Ciudad de la Justicia de Palma. Las caravanas podrían ser un “estorbo”. “Hace unos seis u ocho meses se anunció este proyecto. Hasta ahora no hemos visto topógrafos por aquí”, comenta.

Reubicar el asentamiento más lejos del centro no es una solución. “Como trabajadores dependemos del transporte público. Y me enfada que haya gente comentando en internet que deberíamos mudarnos a la península si no podemos pagar los precios de la isla. Nacimos en Baleares y la Constitución Española nos garantiza una vivienda digna. Lo que ocurre aquí es inconstitucional”, concluye.

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