El PSOE de Palma reclama medidas urgentes ante la "inacción" del alcalde en plena emergencia habitacional
Los socialistas presentan una moción con seis propuestas para frenar la escalada del precio de la vivienda en la ciudad
Una mujer pasa junto al escaparate de una inmobiliaria de Palma. / Manu Mielniezuk
El PSOE de Palma llevará al pleno de noviembre un paquete de seis medidas para hacer frente a la "emergencia habitacional sin precedentes" que, según denuncian, sufre la ciudad. El grupo municipal acusa al alcalde y al PP de "mirar hacia otro lado" ante el encarecimiento del acceso a la vivienda y exige "decisiones valientes" para garantizar este derecho.
El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, sostiene que el Ayuntamiento de Palma "renuncia a actuar" mientras otras ciudades españolas y europeas como Barcelona, A Coruña, Berlín o Viena ya aplican límites al precio del alquiler. "Es una absoluta irresponsabilidad que demuestra que el alcalde continúa tratando la vivienda como un negocio para unos pocos y no como un derecho para las familias de Palma", ha afirmado.
Ducrós critica que el consistorio se niegue a declarar Palma como zona de mercado tensionado, una figura que permitiría intervenir los alquileres. "Palma padece un gravísimo problema con los precios de la vivienda y el PP sigue mirando hacia otro lado, como se ve en los presupuestos de 2026", añadió.
Entre las seis medidas propuestas están la recuperación del recargo del IBI a las viviendas vacías y destinar la recaudación obtenida a políticas de vivienda asequible y programas de rehabilitación. Además, el PSOE pide paralizar la cesión de suelo público a promotores privados y suspender cualquier proyecto de derecho de superficie que no garantice un control efectivo del precio del alquiler y declarar Palma como zona tensionada para poder limitar los precios de los alquileres.
Creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda
Del mismo modo, los socialistas proponen incrementar la inversión municipal en vivienda pública, reasignando recursos de proyectos que consideran no prioritarios —como el recinto ferial, el paseo Sagrera o el edificio de GESA— hacia nuevas promociones y actuaciones de rehabilitación. Destinar los ingresos por sanciones contra el alquiler turístico ilegal a políticas de vivienda asequible y, finalmente, constituir un Observatorio Municipal de la Vivienda para disponer de datos actualizados y una planificación pública estable.
"Palma merece decisiones valientes", ha insistido Ducrós, quien defiende "un modelo de ciudad basado en el derecho a la vivienda, la planificación pública y la protección del suelo", frente a lo que consideran una falta de respuesta del gobierno municipal.
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