La malnutrición se abre paso entre los adolescentes de Palma

«Hay madres que saben perfectamente qué es una dieta saludable, pero no pueden costeársela. El problema no es de educación, es de acceso». Con esta frase, Laura Capitán Moyano, enfermera y doctora por la Universitat de les Illes Balears (UIB), resume una de las conclusiones más potentes de su tesis doctoral: la inseguridad alimentaria no es una cuestión de hábitos individuales, sino una manifestación de desigualdad estructural.

Formada en enfermería pediátrica y neonatología, Laura comenzó su carrera en el ámbito asistencial. Fue durante su experiencia con familias y niños cuando descubrió que muchos de los problemas de salud que veía no tenían tanto que ver con la falta de conocimientos, sino con el acceso a los recursos básicos. «Mientras estudiaba la obesidad infantil, comprendí que el foco no debía estar solo en los hábitos, sino en el acceso: quién puede permitirse comer bien y quién no», explica.

Su tesis, «Inseguridad alimentaria en adolescentes: prevalencia en Palma de Mallorca y análisis de los factores del entorno desde un enfoque socioecológico», dirigida por los doctores Aina Yáñez, Miquel Bennasar y Enrique Castro Sánchez, se inscribe en el Programa de Doctorado en Salud Global, Servicios de Salud y Atención Sociosanitaria de la UIB. Se trata de un trabajo pionero en Baleares que combina una revisión internacional de investigaciones sobre el tema con un estudio empírico entre adolescentes de Palma.

Cuatro de cada diez adolescentes, en riesgo

El estudio de Laura Capitán se realizó con una muestra de seiscientos adolescentes de Secundaria procedentes de centros públicos y concertados de Palma. Los resultados revelan una realidad alarmante: el 40,4 % de los jóvenes presenta algún grado de inseguridad alimentaria. De ellos, un 31,7 % vive situaciones leves, mientras que un 8,7 % sufre niveles moderados o graves.

La probabilidad de padecer inseguridad alimentaria aumenta de forma significativa entre los adolescentes de familias con bajos ingresos, los de origen migrante y aquellos que comparten el hogar con otros menores. Por el contrario, un entorno comunitario sólido puede tener un efecto protector, reduciendo el impacto del problema. «Los datos muestran que no se trata de casos aislados ni de una cuestión puntual», afirma la investigadora. «Estamos ante un fenómeno estructural, que atraviesa clases sociales y barrios, pero que golpea con más fuerza a quienes menos tienen.»

El hambre que también se siente en la mente

Más allá del plato, la investigación aborda las consecuencias emocionales y sociales de la inseguridad alimentaria. Los adolescentes que la sufren presentan peor calidad de vida en todas las dimensiones: física, psicológica, social y familiar. Viven más sentimientos de soledad, ansiedad y exclusión, y reportan mayor riesgo de depresión e ideación suicida.

«Comer mal o no saber si vas a poder comer genera ansiedad, vergüenza y un profundo sentimiento de impotencia», explica Capitán. «El hambre no solo afecta al cuerpo; también se instala en la mente.»

Su investigación confirma lo que numerosos estudios internacionales han señalado en los últimos años: la inseguridad alimentaria es un problema multidimensional, que deteriora el bienestar físico y emocional y repercute en el rendimiento escolar, las relaciones personales y la autoestima.

Entorno familiar, escuela y comunidad

Uno de los ejes del trabajo es el enfoque socioecológico, que permite entender cómo distintos niveles de la vida del adolescente —la familia, la escuela, el vecindario y la sociedad— se entrelazan para agravar o aliviar el problema.

En el entorno familiar, el riesgo aumenta en hogares monomarentales, con niveles educativos bajos o situaciones laborales precarias. En la escuela, la investigadora detecta una ausencia de mecanismos de detección temprana. Las herramientas de cribado existen, pero no se aplican de forma sistemática, y los casos se identifican sólo cuando el problema es visible: un alumno que no lleva comida o muestra signos físicos de malnutrición.

Capitán Moyano señala además un vacío estructural: la diferencia entre Primaria y Secundaria. Mientras los niños pequeños tienen garantizado el comedor escolar, los adolescentes de Secundaria quedan fuera del sistema. «Se da por hecho que pueden gestionarse solos, y eso deja fuera a muchos. En realidad, esta etapa es especialmente vulnerable, y el sistema no está preparado para acompañarla», apunta.

En el plano comunitario, las redes vecinales y familiares actúan como apoyo frente a la precariedad. «El entorno puede proteger, pero no siempre basta», advierte la investigadora. La ayuda de vecinos, familiares o amigos —prestar dinero, compartir comida, invitar a comer— puede amortiguar los efectos de la inseguridad alimentaria, pero no la elimina. Para ello, insiste, son necesarias políticas públicas sostenidas y coordinadas.

Una mirada global a un problema local

La tesis de Capitán Moyano sitúa los resultados de Palma en diálogo con investigaciones internacionales y revela patrones comunes. En los países de renta media y alta, la inseguridad alimentaria afecta sobre todo a familias con bajos ingresos, hogares migrantes y comunidades racializadas, donde la precariedad económica y el racismo estructural se combinan para limitar el acceso a una alimentación digna.

En los países de renta baja, los factores son aún más complejos. Además de la pobreza, el cambio climático se suma como fuerza agravante, afectando los cultivos, los precios de los alimentos y la calidad nutricional. «El cambio climático no solo provoca sequías o desastres naturales; también altera el valor nutritivo de los alimentos y la capacidad de las familias para acceder a ellos», advierte la autora, quien enmarca esta dimensión dentro de lo que denomina «el Antropoceno alimentario».

Escuelas y políticas públicas: la oportunidad de actuar

El trabajo propone una serie de medidas concretas para abordar el problema. Entre ellas, la implantación de sistemas de cribado de inseguridad alimentaria en centros educativos y consultas de atención primaria, la formación del profesorado y del personal sanitario para detectar señales tempranas, y la creación de alternativas a los comedores escolares en Secundaria, como menús subvencionados en cafeterías o acuerdos con comercios locales.

Capitán Moyano subraya que la escuela puede ser un espacio clave no solo para detectar la inseguridad alimentaria, sino también para restaurar la dignidad. «Las escuelas no solo pueden enseñar nutrición; pueden ser espacios de detección y de justicia. El reto es actuar sin estigmatizar», afirma.

Otra de sus propuestas centrales es dar voz a los propios adolescentes. Para la investigadora, es fundamental que los jóvenes participen en el diseño de las políticas que los afectan. «Ellos son quienes viven la experiencia. No podemos construir soluciones sin contar con su mirada.»

Alimentación, derecho y justicia

Más allá de los datos, la tesis tiene un fuerte componente ético y humano. Capitán Moyano considera la alimentación un derecho humano, no un privilegio. «La inseguridad alimentaria es una forma de violencia estructural. No debería depender del azar ni de la caridad, sino de políticas que garanticen la justicia social», afirma.

El estudio de Laura Capitán Moyano no sólo ofrece datos inéditos sobre Palma y las Islas Baleares, sino que abre una conversación urgente sobre cómo las sociedades del bienestar abordan el derecho a la alimentación. En un contexto en el que el hambre parece una realidad lejana, su investigación demuestra que también puede estar presente en los pasillos de un instituto, en los patios de recreo o en las neveras medio vacías de los hogares urbanos.

«Hablar de inseguridad alimentaria es hablar de futuro», concluye. «Si no cuidamos cómo comen nuestros adolescentes, estamos descuidando su salud, su bienestar y su desarrollo como ciudadanos.»

Su trabajo es, en definitiva, una llamada a mirar más allá del plato, a entender que comer no es solo una necesidad biológica, sino un acto de justicia, pertenencia y dignidad compartida.

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