La APB saca a concurso dos bares del puerto de Palma, en la escollera y el Paseo Marítimo

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado sacar a concurso la concesión de dos bares-restaurante del puerto de Palma, en los locales que corresponden con el actual Varadero situado al final de la escollera, y el Canblanc del Paseo Marítimo.

Uno de ellos se encuentra al final de la escollera, al inicio de los muelles comerciales, mientras que el otro se sitúa en el paseo Marítimo, en la desembocadura del torrente de San Magín, ha detallado la APB en una nota.

El primero de ellos cuenta con un edificio principal, terraza adyacente y zona ajardinada, con una superficie total de 1.000 m². La duración máxima de la concesión será de seis años, con una tasa anual de ocupación del dominio público portuario de 134.000 euros.

La iniciativa tiene carácter temporal y servirá para garantizar la continuidad del servicio mientras la APB desarrolla el proyecto de recuperación del histórico paseo de la Riba, que unirá el parque del Mar con el faro de la Riba. Esta actuación está relacionada con el plan de reordenación interior del puerto de Palma.

El segundo de los locales que sale a concurso es el que está situado en la desembocadura del torrente de San Magín, que cerró durante las obras del Paseo Marítimo.

El objetivo del concurso es rehabilitar y reactivar este espacio de restauración para que quede integrado plenamente en el paseo, "fomentando así la relación puerto-ciudad".

Se trata de un edificio con terraza con una superficie de más de 700 m².

El plazo de concesión será de un máximo de 18 años. En este caso, la empresa adjudicataria deberá asumir las inversiones necesarias para demoler y reconstruir el edificio, adaptándolo al nuevo diseño del paseo Marítimo.

La tasa de ocupación se fija en 31.000 euros anuales, a lo que podrán añadirse mejoras.

La APB ha incorporado en ambos concursos criterios ambientales y de sostenibilidad, para reducir el impacto ambiental de sus concesiones.

Las empresas adjudicatarias deberán presentar planes de eficiencia energética para neutralizar la huella de carbono de su actividad, disponer de certificaciones de calidad, además de adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Asimismo, se exige la implantación de medidas de gestión de residuos, uso de energías renovables, auditorías energéticas anuales y formación ambiental del personal, con la obligación de realizar acciones de sensibilización ambiental y colaborar con proyectos de investigación científica de carácter ambiental en la zona.