El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa

El sindicato vinculado a Vox, denominado USTE, con presencia única en Emaya, va a por todas. No le basta con que la dirección de la empresa pública haya decidido indemnizar con alrededor de 400 mil euros a los dos líderes de la formación despedidos acusados de acoso. Ni que también haya renunciado al recurso contra la sentencia laboral que declaraba nulo esos despidos. Ahora pretende que Emaya indemnice a la formación sindical, vinculada a Vox, con la cantidad de 729.909 euros. Una reclamación económica que se sostiene a través de una demanda laboral en la que denuncian una supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical.

El sindicato USTE está dirigido por dos trabajadores de Emaya: Francisco Sánchez Reolid y José Villanueva. En la anterior legislatura ambos fueron despedidos después de que varios afiliados al sindicato denunciaran ante la dirección de la empresa que los líderes de la formación les estaban coaccionando y amenazando con perder el puesto de trabajo.

Varios de ellos fueron víctimas de una campaña de desprestigio, como por ejemplo cuando a uno de los trabajadores se le pretendió vincular en una operación de tráfico de drogas en la que no tenía nada que ver. Estos trabajadores se dieron de baja y precisaron un largo tratamiento psicológico por las consecuencias de este enfrentamiento contra los líderes del sindicato de extrema derecha.

La anterior dirección de la empresa, bajo la dirección de Ramón Perpinya, consideró que este comportamiento sindical de los dos representantes de USTE, que teóricamente habían sido elegidos para defender a sus trabajadores, era intolerable, teniendo en cuenta la persecución que habían sufrido algunos afiliados y las consecuencias psicológicas que estaban sufriendo.

Ante esta situación, la dirección de la empresa acordó el despido disciplinario de Sánchez Reolid y de Villanueva. La sentencia del juez lo declaró nulo, pero la empresa acordó recurrir la decisión ante el TSJB.

Sin embargo, la dirección actual encabezada por Llorenç Bauzá ha cambiado de opinión. Y ha aceptado indemnizar a los dos trabajadores, uno de ellos con 220.000 euros y el otro con 180 mil. Emaya justifica que es la decisión más barata, porque en el caso de que se perdiera la apelación la factura hubiera sido más alta, afirmación que ha sido puesta en duda por una parte importante de la plantilla.

Renuncia al proceso penal

Pero no ha sido la única rectificación que ha adoptado la dirección de Emaya. También ha decidido apartarse del proceso penal por coacciones que se inició contra estos dos representantes sindicales, cuya forma de actuar contra sus compañeros fue motivo de una dura descripción por parte de la jueza que investigó la denuncia.

Los dos representantes sindicales han centrado su «venganza» sobre la directiva de la empresa que impulsó su despido, aunque no fuera ella quien lo acordara, sino que fue la dirección de Emaya. Con el apoyo del grupo municipal de Vox en Palma, USTE ha conseguido que esta directiva fuera despedida, bajo la excusa de que no había informado a la gerencia de que había descargado un chat interno de los afiliados, decisión que se acordó después de consultarlo con los abogados de la empresa que lo autorizaron. A pesar de ello, a esta directiva se le tramitó un expediente disciplinario a toda velocidad y fue despedida sin indemnización. Esta decisión ha sido recurrida.

Ahora, a través de esta demanda laboral, USTE acusa a la propia empresa de maniobrar para conseguir la desaparición del sindicato vinculado a Vox. Denuncia que se convenció a tres de los cinco representante sindicales para que salieran de USTE y entraran en otro sindicato. Y aseguran que con estas maniobras se ha beneficiado a UGT, al que se han afiliado estos trabajadores. En la demanda se asegura que el foco del conflicto con Emaya no está en el enfrentamiento con los compañeros, sino por su decisión de oponerse al proceso de estabilización .

Pero parece que tampoco se conforman con el despido de la directiva. El sindicato quiere que esta extrabajadora también pague de su bolsillo la mitad de la millonaria indemnización que se reclama.

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