Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
Las familias que deben ser desalojadas aseguran haber sido engañadas por la empresa responsable de la urbanización y temen acabar viviendo en otra chabola.
Desde la constructora niegan haber hecho ninguna promesa y sostienen que es la administración quien debe hacerse cargo de los afectados.

Manu Mielniezuk

En la zona de Son Bordoy, en Palma, cerca del estadio del Rotlet Molinar, en un terreno rústico rodeado de antiguos molinos y possessions, conviven decenas de familias en situaciones precarias, pero ya normalizadas. Es el habitual duelo de contrastes que vive Palma en los últimos años: entre el lujo extremo y el chabolismo.
Varias de las familias que viven en la zona serán desalojadas y denuncian haber sido engañadas por la empresa responsable del proyecto urbanístico
Algunas residen en esos terrenos (Camí de Viquet) desde hace décadas. En total, son unas 200 personas, entre ellas numerosos niños, que han formado una pequeña y oculta barriada, donde casi todos se conocen.
Isaías y Joaquín son hermanos. Viven en una de las parcelas junto a sus parejas, su madre, sus cuatro y cinco hijos respectivamente, además de varias gallinas y un par de perros “que no muerden”,
“La promotora prometió que nos pagaría diez años de alquiler y luego nos denunció. Nos mintió en la cara”, denuncia Joaquín. “Dijeron que lucharían por nosotros, que nos iban a dar vivienda, y al final todo ha quedado en nada”.
Isaías añade: “No sé por qué nos dijeron mentiras. Si lo hubiéramos sabido, habríamos buscado algo más deprisa. El lunes vinieron con las excavadoras, y conseguimos parar el desahucio”.

Isaías y Joaquín serán desahuciados junto a medio centenar de familias. / Pere Morell
Ambos hermanos apelan al drama del alquiler como argumento para quedarse: “Ganamos 1.500 euros, pero ¿cómo mantenemos a toda la familia con los alquileres que hay?”, se pregunta Joaquín. “Apretando los huevos se podría conseguir, pero sería muy difícil”, admite. Isaías lo ve directamente como “una misión imposible”.
Su madre que convive con ellos recuerda que llevan dos décadas asentados en ese lugar: “Hace 19 años que vivimos aquí. Si nos echan, vamos a tener que acampar en otro sitio o levantar otra casa en algún campo”.
La mujer asegura que fue el anterior propietario quien les permitió instalarse, y que nunca hubo problemas hasta su fallecimiento.
En otras fincas cercanas, donde también existen asentamientos informales, algunos vecinos permanecen ajenos al conflicto que se vive en Son Bordoy.
“A nosotros no nos han dicho nada. Llevamos aquí 27 años y tenemos un papel firmado por el Ayuntamiento que nos permite quedarnos”, explica uno de los inquilinos, que vive a unos pocos cientos de metros de Joaquín e Isaías.
La constructora niega los hechos
Desde Pryconsa, la promotora que prevé levantar 750 viviendas en Son Bordoy, niegan rotundamente haber hecho promesas a las familias que serán desahuciadas. Aseguran que es la administración pública quien debe hacerse responsable de los afectados.
La promotora Pryconsa prevé la construcción de 750 viviendas, de las cuales el 67% serán de protección pública o precio tasado. Del mismo modo, se cederá un 15% del suelo al Ayuntamiento de Palma.
“Lo que deben hacer, ya que se construirán 150 VPO en esa zona, es inscribirse en el IBAVI o donde corresponda para solicitarlas al Ayuntamiento. Nosotros no les hemos ofrecido nada; es el Consistorio quien debe asumir esa responsabilidad”, afirma un responsable de Pryconsa en Balears.
Insisten en que han actuado de forma “lo menos lesiva posible”, pero recalcan que no pueden "hacerse responsables de estas personas".
“Hemos instado una orden de desahucio precario contra unas cuarenta personas que se han instalado ilegalmente en dos parcelas catastrales que son de nuestra propiedad. El resto residen en suelo municipal y por tanto fuera de nuestro ámbito”, añade un portavoz de la promotora.
La empresa calcula que hay unas 22 personas en una de las parcelas y unas 17 en la otra, que, aunque viven allí de manera ilegal, han sido empadronadas por el Ayuntamiento, algo que califican de “incomprensible”.
“¿Cuándo serán desalojadas? Cuando lo diga el juez. En todo caso, ahora es un tema que ya depende de la justicia y de los servicios sociales”, explican desde Pryconsa.
Uno de los vecinos responde directamente a esta versión de la promotora: “Quiero que el propietario me mire a los ojos y tenga el valor de decirme que estoy mintiendo".
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