Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador

El proceso de desalojo de las viviendas situadas en la zona de Son Bordoy, en Palma, avanzó esta semana con la entrega de órdenes judiciales de desahucio a varias parcelas, según alertó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que señaló que medio centenar de familias residen actualmente en la zona (Camí de Viquet), algunas desde hace casi tres décadas.

El Ayuntamiento de Palma notificó el miércoles los primeros requerimientos de cese de ocupación, a lo que siguió al día siguiente la llegada de autos judiciales de desalojo por parte de la promotora a otras parcelas. Estas resoluciones se enmarcan en el plan de urbanización que está previsto desarrollar en este suelo.

Como ya informó este diario, la promotora Pryconsa prevé la construcción de 750 viviendas, de las cuales el 67% serán de protección pública o precio tasado. Del mismo modo, se cederá un 15% del suelo al Ayuntamiento de Palma.

En declaraciones a este diario, Ángela Pons, portavoz de la PAH, denunció anomalías en las notificaciones entregadas a las familias, ya que, según apuntó, existen incongruencias entre las parcelas notificadas y las afectadas en el Catastro.

La portavoz explicó que ya se ha solicitado abogado de oficio para los residentes, que acudirán el lunes al juzgado para formalizar la designación legal.

Los habitantes de Son Bordoy —unas 200 personas, entre ellas numerosos niños— alegan que no son okupas y que la ocupación de las viviendas fue resultado de una cesión de uso firmada en la década de los noventa por el entonces alcalde del PP Joan Fageda. Se trataba de terrenos rústicos, en su mayoría catalogados, donde se permitió construir pequeñas viviendas con la promesa de una futura reubicación, recordó Pons.

Desde entonces, las familias han permanecido en el lugar sin que se les haya ofrecido una alternativa habitacional, denuncian los colectivos vecinales. «Muchos trabajan, pero no pueden pagar alquileres de 1.000 o 1.500 euros como se están pidiendo ahora», explicó Pons.

Los documentos entregados a los residentes incluyen requerimientos policiales de desalojo voluntario y cédulas de emplazamiento para un juicio de desahucio por precario en el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma. En caso de no comparecer, los afectados podrían ser declarados en rebeldía procesal.

Los colectivos sociales reclaman que se garantice una solución habitacional para las familias antes de proceder al desalojo. «Lucharemos para que, si tienen que irse, el Govern y el Ayuntamiento les ofrezcan una vivienda», afirmó Pons.

Versión de Cort

Consultado al respecto, el Ayuntamiento de Palma informó de que la Policía Local identificó el pasado 8 de octubre a un grupo de personas «que estaban ocupando de forma ilegítima este espacio y ha procedido a cumplir con el procedimiento ordinario para este tipo de situaciones, que no es otro que una identificación de la gente que está ocupando este solar».

En esa identificación, se les indicó también que deben cesar esta actividad ilegal, apuntaron desde Cort.

El Ayuntamiento subraya que «no ha iniciado de momento ningún expediente de recuperación posesoria de este espacio».

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