La Federació de Veïns de Palma alega contra la cesión de solares dotacionales a promotores y amenaza con acciones legales

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha registrado alegaciones contra el cambio de uso de seis solares municipales destinados a equipamientos públicos para edificar pisos aprobado en el pleno de julio con los votos del PP y Vox. Hay que recordar que la intención de Cort es ceder esos suelos a promotores para que construyan viviendas de alquiler de precio limitado y explotarlos durante 75 años.

Los solares, que iban a acoger espacios educativos, asistenciales y deportivos, se encuentran el Camí Son Fangos 4 (Coll d'en Rabassa), Camí Son Vida 8 (Son Rapinya), Pierre Lavedan 5 (Son Güells), Pierre Lavedan 1 (Son Güells), Bernat Pomar 4 (Son Rapinya) y Pompeu Fabra 15 (La Femu).

Por su parte la asociación de vecinos de Son Rapinya también ha presentado alegaciones a los dos solares afectados de su barrio. El pasado viernes en una asamblea manifestó su rechazo a estos cambios de uso y acordó acciones conjuntas con el colegio CIDE.

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma señala en sus alegaciones que estos suelos "tienen que servir para dotar servicios públicos y no se pueden dedicar al lucro". Esta iniciativa, considera, "supone una violación de la normativa dado que, con la excusa de la crisis de vivienda, la cual no solucionarán, se ceden para la explotación y el negocio privado de promotores inmobiliarios durante 75 años, a pesar del suelo sea siendo público".

En este sentido, señalan que "es como expropiar a unos propietarios para entregar el terreno a otros para que hagan negocio".

En el caso de Son Rapinya, "se ignora el convenio firmado entre el alcalde Fageda, la promotora Vivelba y la asociación de vecinos de Son Rapinya, el cual incluye el solar afectado". Del mismo modo, la Federació habla de "falta de transparencia en la tramitación" y de "violación de los artículos 11 y 12 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que concede a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), el derecho a pedir ser 'parte afectada', con derecho a disponer de toda la documentación en lo referente al tema y poder alegar en el proceso de tramitación".

En este sentido, la Federació lamenta que supo de la intención de Cort de esos cambios de uso "por los medios de comunicación" y se pregunta "dónde queda la participación ciudadana y el cumplimiento de la normativa establecida por el mismo Ayuntamiento de Palma".

"Riesgo de obsolescencia técnica"

Asimismo, los vecinos consideran que hay "riesgo de obsolescencia técnica y pérdida de valor del patrimonio municipal porque 75 años supera lo que técnicamente se considera la vida útil aceptable de un inmueble". En este sentido, auguran que "lo que recibirá el Ayuntamiento será un escombro que costará dinero rehabilitar pero que habrá dejado enormes beneficios a los promotores que en pocos años habrán recuperado la inversión inicial y se habrán lucrado del suelo público".

También cuestionan esta medida "en un contexto de anomalía urbanística con un POD decaído e inoperancia política" en referencia a una "situación urbanística anómala en la cual coexisten parte de un PGOU estructural aprobado el 2023 y parte de un PG detallado de 1998, lo cual configura un escenario de inseguridad jurídica y una carencia de coherencia en la planificación urbana".

Finalmente, la Federació se reserva el derecho a emprender acciones legales en contra de estos cambios en la calificación del terreno público. "Si la vía de las alegaciones no revierte la situación de estos locales a dotacional y se pone en marcha un verdadero proceso participativo para definir dónde y cómo aborda la emergencia en materia de vivienda en nuestra ciudad, analizando la realidad que se vive en la base social de los barrios, las necesidades en materia de servicios, los impactos en materia de tráfico y desplazamientos de la población, etc., nos reservamos el derecho a ejercer acciones legales".