Desahucio en las infraviviendas de Joan Miró en Palma: una mujer y su hijo de ocho años, expulsados de su hogar
El lanzamiento se ha producido tras una denuncia por impago del propietario, el agente de la Policía Local multado en repetidas ocasiones por explotar ilegalmente estos habitáculos

Manu Mielniezuk

La presión policial y judicial ha vuelto este jueves a las infraviviendas de la calle Joan Miró en Palma. Esta vez, el desahucio ha recaído sobre Mari, hija de Reina -una de las inquilinas históricas del lugar-, y sobre su hijo de ocho años, que hasta ahora vivían en uno de los trasteros convertidos en vivienda.
Reina, la veterana de estas infraviviendas, no estaba ya en el edificio: reside en un centro de acogida en Inca tras haber abandonado el inmueble meses atrás por motivos de salud. Su hija, en cambio, permanecía allí desde entonces con el menor, después de haber perdido también la habitación que alquilaban en otro piso.
El lanzamiento se ha producido tras una denuncia por impago del propietario -un agente de la Policía Local multado en repetidas ocasiones por explotar ilegalmente estos habitáculos- y ha culminado con el tapiado del trastero, dejando a madre e hijo sin techo.
Los Servicios Sociales municipales han atendido en sus oficinas a la familia, a quien han ofrecido alojamiento durante un tiempo. Mari ha decidido rechazar la oferta, según ha informado el Ayuntamiento.
Un operativo bajo tensión
Desde primera hora de la mañana, nueve agentes y dos furgones de la Policía Nacional custodiaban la entrada al edificio. La comisión judicial llegó poco después, acompañada de un procurador y de cerrajeros. En el interior, Reina, Mari y su hijo se mantenían firmes pese a no haber recogido sus pertenencias. Vecinos e integrantes de Stop Desahucios Mallorca acompañaban a la familia.
La tensión fue en aumento hasta que la joven sufrió un desmayo y un ataque de ansiedad, lo que obligó a la intervención de una ambulancia. El niño, diagnosticado con autismo, se asustó en el momento en que los agentes entraron, aunque después permaneció tranquilo.
Finalmente, los operarios procedieron a retirar la puerta y los ventanales del trastero para tapiarlo. Las pertenencias de la familia fueron sacadas al exterior. Mari salió poco después, acompañada de su hijo, tras horas de presión policial y judicial. Abandonó el lugar en un vehículo que le acompañó hasta el Ayuntamiento.
Críticas por la ausencia de servicios sociales
Stop Desahucios ha denunciado que el procedimiento se llevó a cabo “con violencia” y ha criticado la falta de atención institucional. “No dejaron a Reina acercarse para dar información ni a la familia acompañarla. La han desprotegido por completo”, señala Joan Segura, portavoz de la plataforma.
El colectivo recuerda que los desahucios en estas infraviviendas se producen sin informes de vulnerabilidad y con servicios sociales ausentes en la mayoría de casos. Reclaman que se paralicen todos los lanzamientos, se reconecten los suministros básicos -cortados desde hace meses- y que el Ayuntamiento y el Govern estudien la expropiación del inmueble.
Cort defiende la actuación
Tras el desahucio, el Ayuntamiento de Palma ha precisado que la orden judicial iba dirigida a la titular registrada como residente en el inmueble, Reina, madre de la joven desalojada junto a su hijo menor. Ellos, al no estar registrados, no han podido ejercer ningún derecho para quedarse en la infravivienda.
Según la versión del Consistorio, a Reina ya se le ofreció una alternativa habitacional y actualmente se encuentra acogida. Los servicios sociales recuerdan que su hija fue atendida meses atrás, que entonces abandonó de manera voluntaria el programa de reinserción social y que, en ese tiempo, había logrado un empleo.
Cort asegura que se les informó de que podían acudir a las oficinas correspondientes para recibir atención en caso de que su situación hubiera cambiado. Además, el Ayuntamiento subraya que el Juzgado desestimó el informe de vulnerabilidad presentado con el fin de suspender el desahucio.
Símbolo de una crisis habitacional
No es el primer intento de desalojo en Joan Miró. A principios de verano, otro procedimiento contra la misma familia quedó en suspenso. En julio, dos lanzamientos fueron paralizados a última hora por defectos de forma. En esta ocasión, la comisión judicial ha ejecutado hasta el final.
Las infraviviendas de Joan Miró, alquiladas ilegalmente durante años como trasteros convertidos en cuartos de apenas unos metros cuadrados, se han convertido en un emblema de la emergencia habitacional en Palma. Allí sobreviven familias sin recursos, algunas con menores a cargo, en condiciones indignas: sin agua corriente, con luz precaria y sometidas a alquileres abusivos que algunos todavía están pagando.
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