El policía local sancionado por alquilar infraviviendas cerca de Gomila niega el acoso inmobiliario a los inquilinos
El propietario asegura que los trasteros no están vacíos porque los residentes se niegan a abandonarlos y debido a varias 'ocupaciones' posteriores.
CNP
Redacción Palma
El policía local multado e inhabilitado por alquilar infraviviendas ubicadas en la calle Joan Miró a extranjeros en situación irregular en España niega el acoso a los actuales inquilinos. En un comunicado, el propietario de las infraviviendas, ha explicado que «no hay 30 habitaciones en el sótano: hay 19». Asimismo, ha explicado que «no hay acoso ni sabotaje, hay desahucios y señalamiento de lanzamientos judiciales». Además, el ex policía local explica que se están llevando a cabo «desahucios de las antiguas habitaciones del antiguo Hotel Escorial» por lo que hay demandas judiciales precedidas de conciliaciones judiciales «para acatar las resoluciones administrativas». El Govern impuso una sanción de dos millones de euros al ex policía local responsable del alquiler de estos trasteros, siendo esta la sanción más grande impuesta por la Conselleria de Vivienda en materia de infraviviendas. El propietario ha recurrido estas multas por vía contenciosa administrativa.
El ex policía local ha negado que tenga una orden de alejamiento respecto al edificio. Asimismo, ha asegurado que no se han firmado nuevos contratos: «Si las habitaciones no están vacías es por la negativa de los inquilinos a desalojarlas. Y por varias ocupaciones posteriores sufridas, concretamente cuatro, estando denunciadas».
El propietario advierte que «están en trámite los desahucios de todas las habitaciones, no solo de seis» y también ha negado que exigiera «cantidades desorbitadas y sin justificar de consumos de luz, sino el resultado del medidor del consumo instalado en cada habitación y conforme consta en el contrato firmado». Igualmente, ha explicado que el precio por habitación era «muy inferior a 750 euros».
Los abogados del propietario del inmueble han remitido un escrito al Ajuntament de Palma y a la Conselleria d’Habitatge por «incidencias graves motivadas ante la negativa de los inquilinos a abandonar las habitaciones». El propietario ha afirmado que la denuncia penal que pesaba en su contra «fue archivada por Auto del 16/2/2024 dictada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, por lo que no cabe hablar de supuestos delitos».
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