La izquierda exige explicaciones al PP por el acuerdo "ilegal" para pagar 225.000 euros a un trabajador de Emaya despedido por acoso

La izquierda en el Ayuntamiento de Palma ha lanzado la voz de alarma sobre el acuerdo al que Emaya ha llegado con un sindicalista afín a Vox despedido por acoso laboral para pagarle una indemnización de 225.000 euros. Es "ilegal", han advertido este lunes el PSOE, Més per Palma y Podemos durante una comparecencia conjunta, al tiempo que han exigido explicaciones al presidente de la empresa pública, Llorenç Bauzá.

"Estamos ante un acuerdo ilegal y clandestino que se ha tomado sin pasar por el consejo de administración y que se nos ha ocultado en todo momento. Es una decisión ilegal que se parece más a una práctica corrupta que a otra cosa y que nos recuerda mucho a las prácticas que se hicieron en Emaya durante muchos años, cuando la empresa era conocida por su sistema clientelar en el que los partidos decidían quién trabajaba y a quiénes se indemnizaba", ha señalado Neus Truyol, portavoz de Més per Palma y presidenta de Emaya entre 2015 y 2019.

"Cuando entramos a gobernar en 2015 estas prácticas se erradicaron, y ahora mismo el PP y Vox vuelven a ellas. Hay un interés particular de Vox y del PP en llegar a este acuerdo y no sabemos a cambio de qué. Los tres grupos de la oposición trabajaremos conjuntamente porque no aceptaremos ningún tipo de clientelismo o corrupción en una empresa pública", ha añadido Truyol.

Emaya acuerda indemnizar 225.000 euros a un sindicalista de Vox despedido por acoso

Este trabajador, que formaba parte de USTE, un sindicato afín a Vox, fue despedido de Emaya junto con otro compañero del mismo sindicato acusados de acoso laboral. Ambos recurrieron a la justicia y la empresa pública perdió en primera instancia, pero Bauzá garantizó que no serían reincorporados hasta agotar toda la vía judicial. De hecho, en breve hay programado un juicio penal contra estos dos trabajadores, denunciados por una docena de compañeros que se sienten víctimas de acoso, y la izquierda exige saber si la empresa pública continuará como acusación particular en este procedimiento o se retirará.

"Emaya estará dando la espalda a los trabajadores presuntamente acosados en casos que son muy graves", ha advertido Truyol.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, se ha expresado en el mismo sentido. "Una vez más vemos la práctica del PP y de Vox de mercadear con los derechos de los trabajadores y de los intereses públicos. El propio presidente de Emaya aseguró en el pleno hace unos meses que se agotarían todas las vías judiciales y esperaría a la resolución del recurso. Pero ha engañado a la ciudadanía una vez más y ha llegado a un acuerdo para pagarle 225.000 euros que no ha sido aprobado por el consejo de administración de Emaya. Vuelve a demostrar un pulso partidista entre el PP y Vox por el control de una empresa pública", ha denunciado el socialista.

"Es una vergüenza que se haya llegado a este acuerdo a pocos días de la resolución de un recurso que, insisto, el PP decía que suponía defender el derecho de los trabajadores y ha mentido. También pedimos explicaciones y que expliquen si van a retirar la acusación o la van a mantener", ha añadido Ducrós en alusión al procedimiento penal.

Del mismo modo, Ducrós se ha referido al "despido fulminante" hace unas semanas de una directiva de la empresa pública. "Responde a esa estrategia de Vox para controlar Emaya. Exigimos explicaciones sobre este acuerdo ilegal que han alcanzado", ha manifestado el socialista.

Lucía Muñoz: "Huele muy mal"

También Lucía Muñoz, portavoz de Podemos, ha reclamado explicaciones en un caso que "huele muy mal". La regidora ha reclamado al PP que aclare "por qué va a indemnizar con 225.000 euros a un trabajador que en poco tiempo va a tener un juicio por acoso laboral y que tiene claros vínculos con Vox".

Muñoz ha subrayado que Vox "alardea de que las empresas públicas tienen que ser eficientes pero después favorece los intereses particulares de la gente que tiene vínculos con su propio partido". Y ha reclamado explicaciones a los ciudadanos de Palma porque "esos 225.000 euros salen de su bolsillo".