Cifran el impacto del decreto urbanístico del Govern en Palma: 17.000 viviendas, 40.000 habitantes y 762 millones de beneficio para los promotores

Palma XXI ha estimado el impacto del decreto del Govern que permitirá aumentar un 45% la edificabilidad en una quincena de urbanizables del municipio. Esta entidad augura "una afectación negativa en la calidad de vida de los ciudadanos" por la mayor densificación que vendrá asociada a la nueva normativa, además de beneficios millonarios para los promotores que ejecuten los nuevos desarrollos porque la mitad de las viviendas serán de precio limitado, es decir, un 30% más caras que las de protección oficial. En todo cado, la opción de construir a precio oficial sigue existiendo.

"En el corto plazo no vamos a ver ninguna de estas viviendas prometidas, pero sí se van a blindar los derechos de los constructores sobre estos suelos porque en el futuro va a ser muy difícil dar marcha atrás a estas normas porque se tendrían que pagar muchas indemnizaciones", lamenta Cristina Llorente, arquitecta y presidenta de Palma XXI.

Esta entidad ha calculado el incremento de viviendas, población y lucro de los promotores como consecuencia de la aplicación del decreto en comparación con las cifras previstas en el Plan General aprobado en 2023, a finales de la pasada legislatura. También se detiene en la reducción de espacios libres que quedarán por habitante. En suma, Palma XXI advierte de la pérdida de infraestructuras, equipamientos, comercios y zonas verdes, y en su lugar surgirán más coches y "polígonos monofuncionales" de viviendas.

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"Vamos hacia guetos con poblaciones muy uniformes tanto a nivel social como de renta. Reducir los espacios libres por habitante es un fallo garrafal que tendrá unos efectos negativos incluso a para la salud de la gente porque no van a disponer de espacios verdes, limpios y amables. En cambio, aparecerán problemas respiratorios y estrés porque la pérdida de espacio público en las ciudades tiene consecuencias a nivel físico y psicológico", alerta Llorente. 

Palma XXI ha calculado el impacto del decreto en los catorce urbanizables previstos en Son Toells, Son Puigdorfila, Son Ximelis, Cas Pastors, Can Fontet, Son Pardo, Sa Bomba, Son Cladera Nord, Son Cladera Sud, Son Ametler, Son Güells, Vista Alegre, Son Bordoy y Les Meravelles. En los cálculos también se incluyen los desarrollos previstos en la Actuaciones de Renovación Urbana (ARU) como Can Domenge o CLH, y las Actuaciones de Reforma Interior (ARI) previstas en enclaves como Camp Redó o Ses Fontanelles.

En suma, el número de viviendas previstas en todos estos urbanizables ascendía a 12.168. Ahora, con la mayor edificabilidad que permite el decreto del Govern se incrementarán hasta las 17.375. Esas nuevas construcciones también atraerán a más población: de 29.449 habitantes a 40.618. Y el lucro estimado para los promotores también se dispara hasta algo más de 762 millones.

La "trampa" de las viviendas de precio limitado

Lo único que se reduce son los espacios libres por habitante, de los 35 metros cuadrados previstos en el Plan General de 2023 hasta un 5% "si se justifica".

En abril también Més per Palma realizó unos cálculos muy similares. Además de cuantificar el impacto de una mayor edificabilidad, esta formación política en Cort estimó que la superficie que podrá destinarse a comercio pasará de un 20% a un 5%. Un "pelotazo", lo calificó en su día su portavoz, Neus Truyol.

Llorente considera que estos datos conducen a "barrios dormitorios", muy alejados del ideal de ciudades de 15 minutos. Y critica la fórmula elegida de viviendas de precio limitado excluirá a una gran capa de la población: "Eliminar las viviendas protegidas y las de precio limitado costarán en torno a 300.000 euros. Es una trampa que va a enriquecer a los promotores y demuestra para quién está redactada esta ley".

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