Cargas policiales en un desahucio en Son Gotleu

Un tenso desahucio en el barrio de Son Gotleu, en Palma, ha dejado este viernes al menos dos personas heridas y ha puesto de manifiesto la crítica situación de Sara, una madre con cinco hijos, dos de ellos con discapacidad, y su madre de 70 años, que ha sido desalojada de su vivienda tras una intensa confrontación entre la Policía Nacional y activistas del Sindicat de l'Habitatge de Palma y vecinos.

La jornada ha comenzado alrededor de las siete de la mañana, cuando casi una decena de agentes de la Policía Nacional se han personado en el número 1 del Passatge Pic Almanzor con la intención de ejecutar el desahucio. Sin embargo, la presencia de activistas y vecinos que se habían congregado para apoyar a Sara y su familia e impedir el acceso a la vivienda, ha hecho que la situación escalara rápidamente.

La llegada de tres furgones policiales adicionales ha desatado momentos de alta tensión que han culminado en duras cargas policiales. Según el Sindicat de l'Habitatge, de estas cargas han resultado al menos dos heridos -uno de ellos Miquel Durán, portavoz de la plataforma- y tres personas identificadas por la Policía Nacional. Uno de los miembros de la plataforma ha denunciado ante este diario la "violencia extrema" por parte de los agentes, al asegurar que han sido "acorralados" y golpeados con porras.

A pesar de los enfrentamientos iniciales, sobre las diez de la mañana parte de la familia ha decidido abandonar la vivienda. Sin embargo, Sara, animada por los gritos de "¡Sara, estamos aquí, este es tu barrio! ¡Vamos a poner resistencia, aguanta!", ha decidido resistir hasta el final. Ya sobre las once menos cuarto, y ante la imposibilidad de contener el desalojo, la principal afectada se ha dado por vencida y ha abandonado su casa.

Falta de alternativa residencial

La historia de Sara y su familia se remonta a la decisión del propietario de no renovar el alquiler a su hermana, quien vivía previamente en el piso del Passatge Pic Almanzor. Ante la falta de una alternativa residencial, Sara y su madre, junto a sus cinco hijos, continuaron ocupando la vivienda y, de hecho, -explican- siguieron pagando el alquiler a pesar de que el propietario ya había iniciado acciones judiciales por okupación.

Desde el Sindicat de l'Habitatge se intentó negociar con el propietario tanto a través de abogados como directamente con la plataforma, pero este se negó a ofrecer un nuevo contrato de alquiler. Ante la negativa y tras múltiples fechas de desahucio paralizadas, Sara finalmente decidió dejar de pagar.

La complejidad de la situación se agrava al conocer que tanto Sara como el propietario poseen informes de vulnerabilidad. No obstante, el Sindicat ha presentado un recurso para anular el informe del propietario, argumentando que este posee propiedades registradas en tres lugares distintos. A pesar de esto, la orden de lanzamiento se mantuvo, y Servicios Sociales, según Sara, no le ofreció ninguna solución más allá de indicarle que debía dejar el piso.

El Sindicat de l'Habitatge ha estado al lado de Sara en este proceso, logrando parar el desahucio incluso en cuatro ocasiones. Su objetivo -enfatizan- es "defender el derecho a una vivienda digna", especialmente cuando se trata de cinco menores, dos de ellos con discapacidad, que son "echados de su barrio donde han crecido y se han criado" sin una alternativa real.

Ausencia de soluciones

Tras el desalojo, y mientras familiares y vecinos ayudaban a sacar muebles y enseres personales, Sara se ha dirigido a los medios visiblemente afectada y ha declarado que siempre ha pagado el alquiler y que su deseo es seguir haciéndolo. Con contundencia, ha increpado a la policía, a la que ha exclamado: "No tenéis derecho a hacer esto, dejarme en la calle con cinco hijos".

Al ser preguntada sobre su futuro inmediato, Sara ha expresado su intención de volver a la vivienda "esta misma noche", a pesar del desalojo. La única "solución" ofrecida, según ella, es la de ir a un albergue, una opción que descarta de plano debido a la situación de sus cinco hijos. La principal afectada por el lanzamiento también ha manifestado su temor a que Servicios Sociales le quite a sus hijos como consecuencia de esta situación.

El portavoz del Sindicat de l'Habitatge, Miquel Durán, ha señalado que Sara "ya no tiene ninguna alternativa", por lo que ha declarado que la acompañarían a Servicios Sociales en busca de una solución que, por el momento, no ha llegado. El desalojo por okupación se ha ejecutado a pesar de que Sara, según han explicado ella misma y la plataforma, estuvo pagando hasta que se le indicó que el contrato no continuaría.

Los activistas heridos han acudido al centro de salud para recibir atención médica y obtener un parte de lesiones, un testimonio más de la violencia que denuncian haber vivido durante el desalojo vivido este viernes.