Emaya despide a la directiva que terminó con los sobresueldos irregulares

 El Consejo de Administración de Emaya acordó ayer el despido disciplinario de la ejecutiva de la empresa municipal que durante la pasada legislatura terminó con los sueldos irregulares que venían cobrando una serie de personas que habían entrado a dedo y ascendieron gracias a sus vínculos políticos. Una situación que, en especial, se produjo durante la etapa en la que Unió Mallorquina ejerció el control de Emaya que es, sin duda, la empresa pública más importante de Baleares, con una plantilla de 1.500 trabajadores. Esta directiva tuteló el proceso de estabilización de las plazas laborales de la empresa municipal.

Este proceso de eliminación de sueldos abusivos fue dirigido desde la dirección del área de servicios corporativo. Esta directiva se convirtió, al mismo tiempo, en la persona que se enfrentó a los presuntos abusos que habrían cometido los dirigentes del polémico sindicato USTE, que desde su creación mantiene una estrecha relación con el partido de ultraderecha VOX. Estos dirigentes sindicales fueron denunciados por sus propios afiliados (que después abandonaron el sindicato) asegurando que habían sido coaccionados y amenazados por no cumplir las indicaciones que les marcaban. Además, también habrían sufrido una campaña de desprestigio que, en algún caso, provocó graves secuelas psicológicas.

Los dos dirigentes, además de sufrir durante la pasada legislatura un despido disciplinario por faltas muy graves, fueron denunciados ante un juzgado de instrucción por coacciones y amenazas a los afiliados. Los despidos, acordados no por la directiva de la empresa, sino por el propio consejo de administración, han sido declarados nulos por un juzgado de Palma, que ordena la readmisión de ambos trabajadores. Esta sentencia, que ha sido recurrida, no se ha aplicado porque hasta ahora la empresa municipal había decidido esperar el resultado del juicio penal que se va a celebrar y que todavía no tiene fecha. Es cierto que la fiscalía considera que no hay delito, a diferencia de la jueza que instruyó el caso que sí que entendió que existían claros indicios de que los trabajadores denunciantes habían sufrido episodios de acoso. De hecho, la propia empresa amparó a estos trabajadores, ya que Emaya ejerce la acusación particular contra los dos dirigentes del sindicato y pide para ambos pena de cárcel. La directiva, que ayer fue despedida, también ejerce la acusación porque sostiene que fue espiada por los dos sindicalistas.

Emaya quiere despedir a la ejecutiva que eliminó los sobresueldos ilegales de los enchufados

Lo cierto, es que esta directiva lleva tiempo siendo el principal objetivo de los representantes de este sindicato de ultraderecha, que la acusan directamente a ella de su despido disciplinario, aunque fuera acordado por el consejo de administración.

Los hechos por los que ahora la empresa municipal justifica dicho despido están relacionados con una nueva denuncia que el sindicato USTE presentó ante la Inspección de Trabajo, como consecuencia de la descarga de un chat interno de la formación. Estos hechos se remontan al pasado año, coincidiendo con un periodo de crisis interna dentro de esta formación sindical. Tres empleados, que terminaron abandonando el sindicato, pidieron ayuda a la dirección de la empresa, asegurando que estaban siendo coaccionados y temían que podían perder su trabajo. El departamento de servicios corporativos les mostró su apoyo y para demostrar los conflictos laborales que estaban sufriendo desde hacia tiempo se acordó que facilitarían las conversaciones que contenían el chat interno de esta formación, durante un periodo largo de más de cuatro años. Ellos mismos entregaron sus teléfonos particulares a la empresa para que se realizara el volcado. Antes de acordar esta medida, la directora del departamento buscó la aprobación del abogado externo de la empresa, que no apreció ninguna ilegalidad, aconsejando que una vez obtenida la información se realizara una copia ante un notario.

Esta interpretación no es la misma que ha realizado ahora la Inspección de Trabajo, que ha actuado tras la denuncia de los líderes de USTE, ya que se considera que el acceso a este chat vulnera los derechos sindicales de los trabajadores. Por ello, Trabajo ha propuesto una sanción económica mínima a la empresa municipal.

Emaya pide cárcel para los sindicalistas de Vox por acoso a los trabajadores

Sin embargo, esta propuesta ha sido la excusa perfecta que ha utilizado la actual dirección de la empresa municipal para despedir a la ejecutiva de Emaya, cuya destitución venía siendo reclamada desde hacía muchos meses por los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Palma. De hecho, su cese se había solicitado en varios plenos municipales e incluso, según han señalado fuentes internas, Vox impuso esta condición, es decir, el despido de la directiva, a cambio de dar apoyo al presupuesto del Ayuntamiento de Palma.

El Comité de Empresa de Emaya ha salido en defensa de la directiva ahora despedida y ha cuestionado que el gerente, Lorenzo Morey, haya manifestado a sus jefes y a los propios trabajadores, que él no tenía ningún conocimiento de que se hubiera tenido acceso a estas conversaciones internas de USTE. Sin embargo, los trabajadores aseguran que sus palabras no se ajustan del todo a la realidad, puesto que hay documentos que acreditan que sí lo conocía al menos desde el pasado verano y no planteó ningún impedimento para que se accediera a esta información sindical. El Comité de Empresa ha mantenido que el expediente disciplinario es nulo y sostiene que detrás de este despido en realidad se esconden las presiones políticas que se están ejerciendo contra Emaya.

Un informe interno constató la corrupción de los ascensos a dedo en Emaya

Quién tampoco puso ningún impedimento legal a la descarga de esta información fue la abogada de Emaya, ya que incluso fue ella quien realizó los pantallazos y los llevó al notario. Los trabajadores consideran que una abogada debería saber más que nadie en la empresa si este acceso a la información de USTE podría vulnerar algún derecho sindical. La abogada no planteó ninguna duda legal. Ahora ha declarado que actuó condicionada por su jefa.

El despido acordado ayer se basa en un informe jurídico, solicitado por el gerente a un abogado externo, en el que se considera que la directiva ha violado la confianza de la dirección de la empresa, ha cometido una falta muy grave y merece una sanción, que es el despido. El informe no cuestiona en ningún momento la actuación de la abogada de la empresa, que realizó el volcado, ni del otro directivo que también se implicó en la obtención de esta información sindical.

Desde la empresa se señaló ayer que para resolver este expediente disciplinario se ha contratado a un abogado externo para garantizar la “absoluta independencia del proceso”. Se señala que el expediente justifica el despido debido a una denuncia frente a la Inspección de Trabajo, que llegó a la conclusión que la ejecutiva “habría incurrido en unos hechos que el organismo califica de muy graves”, proponiendo una sanción económica contra Emaya.

Al mismo tiempo, también se indica que durante la tramitación del expediente, Emaya tuvo conocimiento de determinados hechos (que no precisa) atribuibles a la directiva despedida y que han supuesto la imposición de sanciones económicas a otras profesionales de la empresa que habrían desarrollado sus “actuaciones de forma condicionada”. Estos trabajadores, que tampoco se citan, han sido sancionados con quince días de empleo y sueldo. Se trata de la propia abogada de Emaya y del jefe de personal.

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