Cort proyecta pisos sociales en la antigua cárcel de Palma y solicita al juzgado el desalojo de sus ocupantes

El Ayuntamiento planea levantar viviendas con algún tipo de protección al tiempo que activa la vía judicial para deshabitar la instalación

Contabiliza entre 150 y 160 personas residiendo allí en condiciones insalubres

Dos de los ocupantes de la antigua cárcel.

Dos de los ocupantes de la antigua cárcel. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la redacción del proyecto para construir viviendas en la antigua cárcel al tiempo que ha activado la vía judicial para solicitar el desahucio de sus ocupantes. En estos momentos el Consistorio tiene contabilizadas entre 150 y 160 personas residiendo en la instalación en condiciones de insalubridad y con riesgo para su integridad física por el riesgo estructural que presenta el inmueble.

El Consistorio no se marca plazos para la resolución de un problema cronificado desde hace años, pero ha empezado a trabajar en el escenario en el que la instalación quedará libre de sus actuales ocupantes. El área de Urbanismo y Vivienda planea construir viviendas que contarán con algún tipo de protección social y que todavía está por definir. También se baraja que sean dotacionales orientadas a jóvenes, personas mayores o con algún tipo de vulnerabilidad.

Sí está completamente descartado que el recinto acoja algún tipo de equipamiento cultural o una residencia para estudiantes de la UIB, ideas que se plantearon la pasada legislatura.

Al mismo tiempo el Consistorio ya ha acudido a los tribunales para solicitar una orden judicial de desalojo. El Ayuntamiento sigue analizando caso por caso, y espera que el mayor número de personas abandonan el inmueble de manera voluntaria, pero es consciente de que no todos los ocupantes lo harán. A mediados de marzo la Policía Local de Palma se personó en las instalaciones para entregar notificaciones a habitantes de la antigua cárcel e informarles de que debían desalojarla en un plazo de diez días. 

Una decena de agentes les entregó las notificaciones en las que se les instaba a abandonar el inmueble. Fue el primer trámite legal antes de activar la vía judicial y proceder al desalojo forzoso del centro.

Una rotonda y un acceso a la Vía de Cintura

El Consistorio tiene prisa por desalojar el inmueble y demolerlo por los problemas de seguridad que representa una concentración de personas tan elevada. A medio plazo, el Consell de Mallorca proyecta la construcción de una rotonda y un acceso directo a la Vía de Cintura desde la calle Alfons el Magnànim. Se considera que son unas obras fundamentales para la movilidad de la ciudad.

Esta actuación se ejecutará en la calle Alfons el Magnànim, en un suelo que ahora está ocupado por los edificios en los que residían los funcionarios que trabajaban en la cárcel. El Consell cuenta con que el Ayuntamiento le cederá ese terreno, pero antes debe desalojarlo y proceder al derribo de las viviendas.

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