Emaya quiere despedir a la ejecutiva que eliminó los sobresueldos ilegales de los enchufados

La actual dirección de Emaya, a través de su gerente, ha iniciado la tramitación de expedientes disciplinarios contra tres altos directivos de la empresa, con la intención de atribuirles una falta muy grave, que justifique su despido. Entre las expedientadas se encuentra la ejecutiva que, durante la anterior legislatura terminó con todos los sobresueldos ilegales que venían cobrando una serie de trabajadores, que habían sido, o bien colocados, o bien ascendidos a dedo. Ascensos que se produjeron durante la etapa en la que Emaya fue dirigida por Unió Mallorquina, que utilizó la empresa municipal como una especie de agencia de colocación de afiliados.

Los directivos contra los que se ha abierto un expediente disciplinario son la directora de los servicios corporativos, el responsable de recursos humanos y la asesora jurídica contratada por Emaya. Según fuentes internas, la abogada habría llegado a un acuerdo, para salvar su empleo, a cambio de descargar toda la responsabilidad de lo que se está investigando contra los otros dos expedientados.

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Los hechos están directamente relacionados con el conflicto laboral que protagonizaron, durante la anterior legislatura, los dos máximos dirigentes del sindicato USTE, vinculado a la formación política Vox. Los integrantes del sindicato mantuvieron un conflicto interno, que derivó en la marcha de varios de sus integrantes. Estos últimos acusaron a los líderes de USTE de coaccionarles y amenazarles con el despido de la empresa (aunque no tenían ninguna atribución para adoptar estas medidas disciplinarias) si no cumplían con sus órdenes. Estas amenazas aparecían en un chat interno, del que formaban parte varios integrantes del sindicato, cuyo contenido fue ofrecido a los directivos de la empresa para demostrar las amenazas que estaban sufriendo. Este conflicto interno entre los trabajadores obligó a la intervención de la empresa, que decidió, a través del consejo de administración, el despido de los dos líderes del sindicato USTE. El juzgado, sin embargo, ha anulado dichos despidos y ha ordenado la readmisión en la empresa. Sin embargo, EMAYA no ha acatado todavía la orden porque estos dos sindicalistas están pendientes de un juicio penal. Están acusados de un delito de coacciones contra varios de sus compañeros y ejecutivos, y es la propia empresa, actuando como acusación particular, la que pide para cada acusado una pena de dos años de cárcel. A pesar de que la fiscalía no aprecia ningún delito, la juez que ha instruido el caso sí considera que se ha podido producir un episodio delictivo de acoso, por lo que ha abierto juicio oral contra los dos sindicalistas.

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Pese a que la decisión de despedir a estos dos representantes sindicales fue adoptada por el anterior consejo de administración de Emaya, ambos trabajadores han intentado responsabilizar de esta situación a la directora del servicio corporativo. Esta ejecutiva lleva meses sufriendo una campaña de acoso y ella misma también denunció esta situación en los juzgados.

Según han asegurado varias fuentes internas de Emaya, estos dos sindicalistas despedidos están utilizando la influencia que tienen en Vox, para que sus concejales en Cort pidieran en varias ocasiones el despido inmediato de esta directiva. Hasta ahora la empresa municipal había podido sortear estas presiones, pero parece ser que al final la dirección está dispuesta a impulsar el despido de esta ejecutiva, entre otras cosas, porque el equipo de Gobierno de Cort precisa de los votos de los concejales de VOX para poder sacar adelante sus propuestas.

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Este expediente interno se ha producido como consecuencia de una denuncia que uno de los dirigentes de USTE presentó ante la Inspección de Trabajo, denunciando el uso ilegal de un chat interno del sindicato. La Inspección pidió información al gerente de Emaya y éste ha asegurado que no tenía conocimiento de dicho chat, aunque ya hace meses que se conocía la existencia de esta prueba e incluso había aparecido publicada en la prensa. A pesar de ello la gerencia, con el apoyo de la presidencia de la empresa, ha decidido abrir un expediente disciplinario y ha implicado a los tres directivos.

Estos tres expedientados han recibido el respaldo del Comité de Empresa de Emaya. Varios trabajadores han asegurado a este periódico que este expediente disciplinario es el resultado de la presión que viene ejerciendo desde hace tiempo el grupo VOX para pedir la cabeza de la responsable de los servicios corporativos. De hecho, el Comité ha enviado una carta a la empresa en la que, además de pedir el archivo de estos tres expedientes, ha recordado las presiones que ha venido sufriendo desde hace meses esta ejecutiva, que fue quien dirigió el proceso de estabilización de las plazas en Emaya y que supuso la anulación de los sobresueldos ilegales que desde hacía años recibían algunos trabajadores por jefaturas que no ejercían. Sin embargo, la directiva ahora expedientada cuenta con el apoyo del Comité de Empresa, que ha vuelto a recordar a Emaya la presión que ha venido ejerciendo Vox, con varias intervenciones en el pleno municipal, en las que se exigía su destitución y lo relacionaba con el despido de los dos sindicalistas de USTE.

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Fuentes de los trabajadores han confirmado que antes de proceder al volcado del chat interno del sindicato la directiva se asesoró con los servicios jurídicos de la empresa, que le autorizaron a hacerlo, entre otras cosas, porque era una prueba más de las coacciones que venían sufriendo los exafiliados del sindicato vinculado a Vox y que se podía utilizar en la denuncia penal. Esta prueba se entregó a un notario. La dirección de la empresa también autorizó, según las fuentes internas, que el notario levantara un acta de dichos mensajes, por lo que los trabajadores no entienden como ahora la gerencia asegure que no tenía conocimiento de dicha prueba y haya ordenado el inicio de un expediente disciplinario.

Además, es habitual que los jueces valoren los contenidos de los chats de Whatsapp que se aportan como prueba en un proceso judicial, ya que no se considera una prueba ilegal, sobre todo si lo aporta una de las participantes en esta conversación. Por ello los trabajadores aseguran que detrás de esta medida disciplinaria se esconden las presiones que desde Vox ha venido ejerciendo para que despidan a estos directivos, que entraron en la empresa en anteriores legislaturas. El Comité de Empresa ha pedido por escrito al gerente de Emaya, Lorenzo Morey, que archive el expediente, entre otras cosas, porque los hechos estarían prescritos.  

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