Los ‘okupas’ de terrazas públicas

Mallorca evoluciona desde los atropellos del turismo al turismo de los atropellos, no solo de tráfico. Una plaza junto al hotel Nixe está cubierta de mesas sin las tímidas señales amarillas de limitación, ya borradas en toda la ciudad para zafarse del problema de exigir el cumplimiento de la ley. La mejor manera de no separar las terrazas de las fachadas consiste en preservar su ilegalidad. Que paguen los ingenuos que cumplen, como el propietario obligado por Cort a deshacerse del Vista Alegre.

Sorprende que una población sobrecogida por los asaltantes que se instalan en viviendas ajenas, se despreocupe de los ‘okupas’ de terrazas palmesanas que obtienen pingües beneficios con su actividad ilegal. El fenómeno se entiende al recordar que los mallorquines siempre estuvieron más preocupados por la propiedad privada ajena que por los bienes colectivos propios. Y no como deferencia a los empresarios beneficiados, sino de rodillas ante el becerro del turismo de oro.

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Solo así se entiende la profanación del Borne y la Lonja, o la conversión cada noche del Paseo Mallorca en un ofensivo almacén de mobiliario urbano. Una vez plasmada la obsesión burocrática por crear una maraña normativa de imposible obediencia, ninguno de los ‘okupas’ nombrados hasta ahora sufre el mínimo nerviosismo. Desde ayer se ríen de Miquel Maimó, que se toma en serio el ajuste a la ley.

Conviene recordar que el Ayuntamiento de Palma es un ente capaz de convertir sin sonrojo un prostíbulo chino en una peluquería, y de mantenerlo abierto 24 horas al día en pandemia. No se trata solo de que sean incapaces de frenar ni los patinetes, el Vista Alegre tiene mucha más probabilidad de ser sancionado por no respetar las fachadas que los ‘okupas’. Como me dijo el concejal de Seguridad Ciudadana, «inspeccionamos al azar». Con nombres y apellidos.

La normativa para mejorar el acceso de personas invidentes, que debería ampliarse a quienes no poseen esta discapacidad, supondría una revolución en las zonas turísticas de Playa de Palma o Cala Major. Imaginar que Cort someterá esos enclaves a las nuevas exigencias es inimaginable ni como broma. Si son incapaces de ver los cajetines de alquiler turístico prohibido en pisos, por decisión del Ayuntamiento, mucho menos van a preocuparse de doblegar a los ‘okupas’ de terrazas públicas. Aunque la orden procediera del mismísimo Trump.

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