Una macrourbanización de 6.000 viviendas pone en alerta a los vecinos de Ponent de Palma
Representantes de Son Roca, La Vileta y Son Rapinya trasladan a Cort su preocupación por un desarrollo que ha disparado su edificabilidad gracias al decreto del Govern y que atraerá a 15.000 nuevos residentes
A la izquierda, los terrenos junto a Can Valero que acogerán la macrourbanización. / B. Ramon
Una macrourbanización que sumará seis mil viviendas ha movilizado a las asociaciones de vecinos de Son Roca, La Vileta y Son Rapinya, barrios fronterizos con los terrenos en los que se ejecutará este desarrollo y en los que ha germinado una creciente preocupación por el impacto que supondrá la llegada de miles de nuevos residentes. Además de sus vehículos, que circularán por vías que ya están al límite.
Representantes vecinales de estas asociaciones se citarán el próximo viernes con el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, para trasladarle su inquietud. «Estamos muy preocupados. Ya sufrimos falta de servicios y equipamientos públicos, y si sumas miles de personas más en esta zona va a haber un colapso», manifestó Isabel Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos de Son Roca, el barrio más cercano —y por tanto el más afectado— por la futura macrourbanización.
Ubicación del futuro desarrollo urbanístico de Ponent. / DM
El nuevo residencial se asentará en los terrenos de Son Ximelis, Can Fontet y Cas Pastors, donde el Plan General autorizaba la construcción de 4.192 viviendas. Esta cifra se ha elevado hasta las 6.065 gracias al decreto de vivienda del Govern, que aplicado a Palma implicará un notable aumento de la edificabilidad permitida en el mismo suelo y acelerará los trámites para empezar las obras. Se trata de una superficie de miles de metros cuadrados entre el polígono de Can Valero y Son Moix.
Hay otros suelos afectados, pero esta zona de Ponent concentrará buena parte del crecimiento urbanístico previsto en todo el municipio como consecuencia de la aplicación del decreto.
Ventajas para los promotores
«A nosotros nos queda un poco más lejos, pero lo sufriremos porque los miles de coches de los nuevos residentes pasarán por calles del barrio que ya están saturadas, sobre todo durante las horas de entrada y salida de los colegios», valora Marisa Bonache, presidenta de la asociación de vecinos de Son Rapinya.
Las entidades vecinales afectadas se preguntan si el Ayuntamiento de Palma ha previsto la construcción de nuevos equipamientos —centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales— para dar servicio a los nuevos residentes. Se calcula que en un hogar medio viven 2,5 personas; multiplicado por las seis mil viviendas previstas, el futuro urbanizable de Ponent atraerá a 15.000 nuevos vecinos.
Del mismo modo, los representantes vecinales interrogarán a Fidalgo sobre si el Consistorio tiene previsto un plan de movilidad para gestionar la circulación de miles de nuevos vehículos por esa zona.
Los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Palma han denunciado que las ventajas que ofrece el decreto a los promotores supondrán «un pelotazo histórico» en el municipio porque eleva la edificabilidad hasta un 45%, reduce el suelo libre para zonas verdes y les permitirá vender las viviendas más caras. En este sentido, Més per Palma denuncia que, aunque estarán obligados a construir una parte de los inmuebles con algún tipo de protección, estos «serán un 27% más caros» porque se sustituye la anterior tipología de VPO, más barata, por viviendas de precio limitado.
La formación ecosoberanista estima que el precio de un piso medio protegido saldrá al mercado a un precio de 294.000 euros frente a los 215.000 que habría costado sin el decreto.
«Palma camina hacia una nueva etapa de especulación con el suelo»
El pleno celebrado el pasado jueves en el Ayuntamiento de Palma estuvo dominado por la vivienda y el debate de numerosas proposiciones en esta materia que evidenciaron el abismo que hay entre la izquierda y la derecha a la hora de plantear soluciones a la emergencia habitacional.
Los efectos del decreto del Govern que permitirá a los promotores construir más viviendas y más caras fue la diana de los grupos de izquierdas y también de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, cuya presidente, Maribel Alcázar, advirtió de que Palma «se encamina hacia una nueva etapa de especulación con el suelo».
En su intervención durante el pleno, Alcázar se dirigió al equipo de gobierno para recordarle que «los precios subieron más cuanto más se construyó» porque, señaló, «el mercado no funciona como regulador social».
La presidenta de los vecinos de Palma también lamentó que las futuras viviendas de precio limitado «serán más caras que las de protección oficial, insuficientes para un mercado especulativo que necesita ganar más».
Del mismo modo, Alcaraz lamentó que la política urbanística del municipio la marque el Govern. «El Ayuntamiento se ha convertido en un mero apéndice administrativo de decisiones tomadas fuera de su ámbito de competencias. Es, de hecho, una forma de destrucción del Ayuntamiento», expresó.
PAH:«Ni ganando 2.000 euros»
Àngela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lamentó por su parte que «van a construir viviendas que no podrán pagar ni personas que ganan dos mil euros». Y reclamó al equipo de gobierno que «hagan su trabajo».
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