El PSIB acusa al Govern de abrir la puerta a la edificación en zonas inundables de Palma con su último decreto

La conselleria de Vivienda rechaza la acusación de los socialistas y alega que su decreto no modifica esa prohibición

La polémica afecta a cinco urbanizables incluidos dos de los mayores como son Cas Pastors y Son Güells

El nuevo decreto del Govern para impulsar la vivienda en Palma vuelve a generar polémica

El nuevo decreto del Govern para impulsar la vivienda en Palma vuelve a generar polémica / B. Ramón

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

El nuevo decreto del Govern para agilizar la tramitación de los suelos urbanizables de Palma mediante la creación de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) ha abierto un ‘duelo de sables’ político entre el Ejecutivo y la oposición. El último no es en absoluto intrascendente, dado que desde el PSIB se esgrime que el redactado que desde la conselleria de Vivienda se ha dado al decreto supone abrir la puerta a la urbanización y posterior edificación en zonas inundables del citado municipio, mientras que desde el citado departamento autonómico se niega tajantemente esa afirmación. La trascendencia de este punto aumenta si se tiene en cuenta que dos de los mayores urbanizables palmesanos, como son Cas Pastors y Son Güells, se ven afectados por esta polémica.

Desde el grupo socialista en el Parlament, se reprocha que el Govern se ha saltado el pacto que el PP alcanzó con todos los partidos de izquierdas de la Cámara para prohibir la construcción en zonas inundables de las islas a través de un decreto ley que se aprobó en diciembre del pasado año, después de que diferentes municipios valencianos se vieran arrasados durante una dana.

Artículo de la polémica

La crítica nace del redactado del artículo 2.1 del nuevo decreto aprobado la semana pasada, en la que se afirma que «se declara el municipio de Palma en situación de emergencia residencial, a los efectos de que este decreto ley prevalezca sobre lo que dispone cualquier otra norma autonómica o insular o instrumento de planeamiento municipal, los cuales son aplicables, en su caso, en aquello que no prevé este decreto».

La diputada del PSIB Mercedes Garrido defiende que al hacer «prevalecer» estas nuevas medidas sobre normas anteriores, y especificar que lo que se busca es agilizar el desarrollo de los suelos urbanizables de Palma, se abre la puerta a la construcción en cinco de ellos que, al menos en parte, incorporan zonas inundables, como son Cas Pastors, Son Güells (estos dos primeros están entre los que pueden acoger a un mayor número de viviendas, superando ampliamente las 2.000 en cada caso), Son Puigdorfila, Son Ametller y Son Pardo.

Mercedes Garrido, diputada del PSIB

Mercedes Garrido, diputada del PSIB / G. Bosch

Rechazo de la Conselleria

Por contra, la conselleria de Vivienda rechaza esa acusación alegando que ese artículo 2.1 especifica al final que se podrán seguir aplicando otras normas en «aquello que no prevé este decreto», el cual no establece un régimen excepcional para los suelos urbanos y urbanizables de las zonas inundables, por lo que la Dirección General de Recursos Hídricos deberá determinar la viabilidad de los citados proyectos residenciales estratégicos caso por caso y atendiendo al régimen establecido en el decreto ley de zonas inundables aprobado a finales del pasado año.

Esta afirmación es a su vez rechazada por la representante del PSIB, argumentando que lo que el Govern ha hecho es especificar que lo que se agiliza es la tramitación de unos suelos que se concretan, como son los urbanizables, haciendo que esta decisión prevalezca sobre las limitaciones en inundables.

Esta batalla de interpretaciones sobre el texto aprobado tiene, según Garrido, una gran trascendencia a la vista de lo que sucedió en Valencia durante las inundaciones, y lo que ha vuelto a suceder en las más recientes, al haberse contabilizado fallecimientos en Andalucía.

Además, la diputada socialista hace hincapié en que no puede existir margen de duda cuando lo que está en riesgo es la seguridad de las personas que puedan terminar residiendo en las cinco zonas antes apuntadas.

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